El fiscal acusa a los abogados de HB de actuar con "mala fe" y pide que se rechacen sus quejas

El fiscal del Tribunal Supremo encargado de la acusación contra los integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, José María Luzón, pidió ayer a la Sala Segunda que rechace las cuestiones planteadas por los defensores de los 23 acusados, a los que atribuyó "mala fe procesal" en alguno de sus planteamientos, y desechó que el tribunal haya sufrido "presiones" que aconsejen trasladar el juicio al País Vasco. El presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, suspendió el juicio hasta el lunes para resolver sobre las alegaciones de vulneración de derechos esgrimidas por HB.

El fiscal José María Luzón descartó que las supuestas "presiones" aducidas por la defensa de HB hayan podido, inquietar "en modo alguno" al Tribunal Supremo. El fiscal, en una destacada intervención, subrayó que en cualquier proceso público relevante es inevitable que tanto los medios de comunicación como cualquier persona puedan opinar. "Pero si cada vez que alguien opina se perdiera la objetividad", prosiguió Luzón, "no se podría celebrar ningún juicio" que hubiera trascendido a los periódicos.En contestación a la petición de nulidad de actuaciones por no haberse tomado declaración a Jon Idígoras sobre tres de los hechos que se le imputan, Luzón dio un repaso al proceso y recordó que Idígoras se acogió desde un primer momento a su derecho a no declarar, y después no compareció cuando le citó el instructor de la Sala Segunda. "La defensa", siguió Luzón, "consideró después absolutamente innecesaria su comparecencia y se opuso expresamente a que fuera citado a declarar". Por ello, el fiscal calificó de "mala fe procesal" y "abuso de derecho" la petición de que no se citara de nuevo a Idígoras, y alegar después que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Al inicio de la sesión, Luzón pidió que el proceso siguiese por el cauce del "procedimiento abreviado" y se rechazase la retroactividad instada por HB para tramitar el proceso como un "sumario ordinario". Luzón explicó que la retroactividad alcanza a las normas penales, pero no a las de procedimiento. El abogado de la acusación, Jorge Morales, precisó que el asunto ya fue planteado y resuelto y que no implica vulneración de ningún derecho fundamental.Expulsión del PSE

Respecto a la reclamación de HB para que sea "expulsada" del juicio la acusación del PSEPSOE, representada por el abogado José María Mohedano, éste aseguró que siempre ha estado personado como parte y tanto el instructor como los defensores de los dirigentes de la coalición independentista lo han "consentido y aceptado" a lo largo de todo el procedimiento.

Mohedano, que representa al Partido Socialista de Euskadi, personado como acusación particular tras "el asesinato, no la muerte", precisó, del abogado Fernando Múgica, repasó toda su actuación en el proceso y dijo que la defensa de HB nunca había puesto "la más mínima objeción" ni "el más mínimo reproche" a su presencia e incluso había contestado a todos sus escritos. El abogado añadió que de existir algún defecto procesal al constituirse como acusación particular, no podría afectar al derecho al ejercicio de la acción popular.

Por su parte, el abogado Francisco Vírseda, que representa a la familia de Fernando Múgica, se opuso a la pretensión de HB de que su actuación se limitara sólo al comunicado de la coalición sobre el asesinato del abogado. Vírseda señaló que al estar- personado como acusación particular, puede extender su actuación a todos los hechos del proceso.

Respecto a las nuevas pruebas pedidas por HB, el fiscal estimó la mayoría tan innecesarias "como la declaración de los 14 testigos a los que ayer renunció la defensa". Luzón se mostró escéptico. respecto al valor probatorio de un informe del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, otro de la Cámara de Representantes de Montevideo y un tercero de miembros del Sinn Fein sobre la necesidad de diálogo para resolver conflictos políticos.

A la vista no asistieron ayer, por problemas de salud y con permiso de la Sala, los acusados Jon Idígoras y Carlos Rodríguez González. Tampoco asistieron muchos de los observadores de la primera sesión, por lo que la sala no registró ni media entrada, incluidos los medios de comunicación.