HB fuerza un aplazamiento del juicio con una recusación rechazada por el Supremo

Los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna forzaron ayer el aplazamiento del juicio en el que están acusados de colaboración con la banda terrorista ETA tras presentar, minutos antes del inicio de la vista, una recusación contra el presidente del tribunal, José Augusto de Vega. HB fundamentó la recusación en supuestas presiones del presidente del Gobierno y del ministro del Interior para que se dictase una sentencia condenatoria y en que el magistrado tiene una hija que es funcionaria de policía. Una sala especial de 16 magistrados rechazó de plano tramitar la petición por cuanto "implica, sin lugar a dudas, un manifiesto abuso de derecho y un notorio fraude procesal". El juicio comenzará el próximo día 13.

El Supremo reaccionó con una extraordinaria rapidez de reflejos y rechazó, en la misma mañana de ayer, una recusación orientada a invertir los términos del proceso y convertir éste en un juicio al presidente del tribunal, José Augusto de Vega, por tener una hija que es funcionaria de policía. El incidente se saldó con un retraso de, una semana, pero el presidente, José Augusto de Vega, seguirá al frente del tribunal cuando se inicien las sesiones el próximo lunes.Los recusantes alegaron que José Augusto de Vega tendría "interés directo o indirecto" en la causa, al ser una hija suya funcionaria de Policía y haber sido destinada recientemente a un cargo de confianza en la Secretaría de Estado para la Seguridad.

Según HB, la búsqueda por De Vega de una "constante proximidad" con su hija, le habría llevado supuestamente a entrevistarse hace unos años con Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad, para interesarse por los destinos de la funcionaria policial. De ahí HB deduce una "relación personal, directa e indirecta", del recusado con las autoridades del Ministerio del Interior, el motivo en el que fundamentan su recusación.

El escrito añadía que en los últimos dos o tres meses se han producido declaraciones de representantes del Ejecutivo, entre otros del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, con el fin de que la Sala Segunda "dicte una sentencia condenatoria".

La recusación contra De Vega fue resuelta por una Sala especial integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, -excluido el recusado- y los magistrados más antiguo y moderno de cada uno de sus salas. Esta sala de 16 magistrados, conocida como Sala del artículo 61 por ser éste el precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula su composición y funciones, se reunió sobre las dos de la tarde y en pocos minutos acordó por unanimidad rechazar la recusación por ser extempóranea y carecer de cobertura legal.

Abuso de derecho y fraude

La Sala explica que ni las declaraciones de miembros del Ejecutivo ni la condición de policía de la hija de José Augusto de Vega han podido llegar a conocimiento de los miembros de la Mesa de HB recusantes "en esta mañana" (por ayer), "lo que implica que han olvidado lamentablemente los recusantes el precepto del articulo 223.1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Dicho precepto establece que la recusación deberá proponerse en el momento en que se tenga conocimiento de la causa en que se funde.La Sala especial añade que ni uno solo de los hechos" en que se funda la recusación "guarda la menor analogía" con el artículo en que se fundamenta, el 219.9, relativo a "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". "Esta absoluta falta de cobertura legal de que padece la pretensión, deducida en el mismo día en que deben comenzar las sesiones del juicio oral, implica, sin lugar a dudas, un manifiesto abuso de derecho y un notorio fraude procesal", prosigue la Sala.

El tribunal que ha examinado la recusación planteada por los abogados de HB agrega que la falta de fundamentación no puede ser subsanada con una "retórica invocación" de artículos de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, "ni con la cita de sentencias que resolvieron casos y situaciones absolutamente dispares".

La Sala rechaza de plano la recusación "con objeto de impedir que el desleal comportamiento de una parte procesal pueda obstaculizar el normal funcionamiento de los tribunales".

Al rechazarse la recusación, no se practicará la prueba que pedían los recusantes, consistente en la declaración de José Augusto de Vega y que testificasen el actual secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, así como uno de sus predecesores, Rafael Vera, así como numerosos informes que habrían tenido paralizado el proceso durante semanas.

Los letrados de HB presentaron otro escrito recusando a dos peritos, miembros de la Guardia Civil y autores de un informe en el que se vincula a Herri Batasuna con ETA. Los miembros de la mesa de HB plantearon como cuestión previa a esta segunda recusación el que los guardias civiles no aparezcan identificados con su nombre y apellidos, lo cual, según mantienen, les produce "indefensión".

Entre los motivos de apoyo a la recusación de los peritos señalan que uno de ellos llevó a cabo la desarticulación del comando Vizcaya de ETA.