Los abogados de las víctimas piden colaboración al Estado para no alargar "el calvario"

Los abogados de los afectados por la colza mostraron ayer su "satisfacción" por la sentencia del Tribunal Supremo -porque "hace justicia", aunque también se preguntaron "si se puede llamar justicia a una justicia tan lenta". Todos coincidieron en la "complejidad" del proceso que se abre, en el que habrá que examinar caso a la sola situación de los enfermos para aplicarles la indemnización que les corresponda. Así, pidieron al Estado que "colabore" en el mismo para que "no se alargue el calvario" y "se aceleren los pagos".

"Una extraordinaria noticia porque confirma algo fundamental: las víctimas tienen derecho a la indemnización". En palabras de uno de sus portavoces, José María Múgica, así acogió el nuevo fallo jurídico la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que surgió precisamente a raíz del denominado síndrome tóxico y que representa a la mayoría de aquéllas.Los peros, sin embargo, se dispararon enseguida. Aparte del posible error, en la parte dispositiva a propósito de la cuantía de los pagos, que supone la presentación de recursos de aclaración, Múgica advirtió que se trata de una cifra "monstruosa", más de medio billón de pesetas, "superior a los presupuestos anuales de ministerios como Justicia o Economía y Hacienda". "Será muy difícil que la Administración pueda hacer frente a ella en un momento como éste", reconoció; "habrá que aprobar partidas especiales, quizá se pueda abonar fraccionadamente... ". En definitiva, pidió, debe "acelerarse" el que los enfermos reciban sus compensaciones.

El temor de la OCU es el de que los trámites para ello puedan durar "hasta cinco años", lo que totalizaría más de 21, de cuatro lustros, desde que se produjo el primer fallecimiento.

Por eso, en la misma línea, Antonio García de Pablos, letrado del segundo grupo más numeroso de afectados, también pidió al Estado "colaboración para que no se alargue todavía más su calvario" y no se demore la fase de ejecución de los pagos. Para ello le reclamó que haya al menos "20 médicos forenses disponibles" para examinarlos y que pueda determinarse con rapidez la indemnización de cada cual según su estado actual y el desarrollo de su enfermedad desde que la contrajo.

Otra de las cuestiones cruciales a concretar ahora es la de los descuentos que se asignarán a los damnificados y que ha hecho ironizar a algunos con que tal vez tengan que pedir "créditos bancarios" para devolver lo cobrado de más". El Ministerio de Trabajo llevaba invertidos 80.318 millones en prestaciones (véase el cuadro adjunto) al 31 de diciembre pasado. Para la OCU y García de Pablos, es obvio que sólo son deducibles las cantidades indemnizatorias a cuenta, no, por ejemplo, las relativas a farmacia, prótesis o gastos sanitarios.