Escamez ratifica que ordenó pagar 204 millones a Filesa

Alfonso Escámez, ex presidente del Banco Central y de Cepsa, que declaró ayer como testigo en el juicio de Filesa, dijo que autorizó el pago de 204 millones de pesetas a Filesa y Time Export por dos informes, ya que el equipo de expertos que le asesoraban así se lo había pedido. El fiscal cree que el grupo del Banco Central pagó en total 442 millones en informes al sumar los encargados por Cepsa, hechos por los que ya declaró como imputado su consejero delegado, Eugenio Marín.Alfonso Escámez indicó ante el tribunal que juzga la presunta financiación irregular del PSOE que nunca vio los informes encargados a Filesa y supuso que quienes los vieron fueron los miembros del grupo de asesores que los habían encargado. El ex presidente del BCH y Cepsa autorizó que se abonaran las facturas cuando le dijeron que había un grupo de expertos que asesoraban al banco y que los habían pedido.

Escámez confirmó la versión del consejero delegado del BCH, Epifanio Ridruejo, quien declaró que el ex presidente le había ordenado atender el pago de dichas facturas. Indicó también que sólo visó una de las facturas cuando el pago había sido ya realizado.

María Rosario García Lucero, coadministradora de Producciones Dobbs, empresa dedicada a la organización de congresos y asambleas, declaró que el administrador de Filesa, Luis Oliveró, le encargó un informe sobre iluminación, pero le dijo que la factura debía figurar como -un estudio de mercado publicitario del sector de componentes eléctricos. Por el informe, que la propietaria de Dobbs realizó personalmente, su empresa cobró 60 millones de pesetas.García Lucero explicó también que los peritos de Hacienda entraron en su empresa y "empezaron a revolver papeles y cajones hasta que se fueron". "Fue un registro selectivo de los señores peritos", prosiguió. "Me fueron pidiendo los documentos y se los llevaron, sin dejarme fotocopias ni tomar nota de ellos. Quienes dirigieron en realidad el registro fueron los peritos", concluyó la testigo.

Una comisión judicial

Durante su comparecencia de la semana pasada, los peritos de Hacienda se remitieron en todo momento a "la comisión judicial" que dirigió los registros. Dicha comisión estaba integrada por los propios peritos además de por el secretario y los policías, ya que el juez instructor, Marino Barbero, no estuvo presente más que en tres de los 43 registros practicados.Los peritos se refugiaron en "la comisión judicial" para eludir una respuesta directa de si habían sido ellos los que dirigieron el registro.

El testimonio de García Lucero fue coincidente con el de Ramón Gómez Redondo, director general de Mabuse, empresa dedicada a la elaboración de cortometrajes publicitarios. "Se presentaron un grupo, un policía, un secretario y dos peritos que llevaban un mandamiento judicial. Los peritos eran los que intervenían más activamente, especialmente una llamada Carmen García Cayuela".

Por la tarde, Iñigo Larrazábal, consejero delegado de El Viso Publicidad, empresa que giró facturas por 267 millones a Filesa, admitió haber pertenecido a un comité electoral del PSOE, pero denotó una prodigiosa falta de memoria para recordar quién era su responsable y a quiénes conocía en el comité.