Cuestionando el triunfalismo dominante

La probable admisión de España en la primera liga de países fundadores del euro está creando en nuestro país un clima de euforia y complacencia preocupante que está dificultando la percepción real de nuestra realidad y la resolución de los problemas graves existentes en nuestra sociedad. Una mera lectura de los indicadores sociales muestra, que en muchos de ellos nuestro país está muy por detrás del resto de la UE. Cuatro indicadores como ejemplo: España tiene: 1) la tasa de desempleo más alta de la UE; 2) una de las distribuciones de la renta más desiguales en la UE (y en la OCDE; Smeeding, T.: Income inequality in twenty nations, Challenge, 1996); 3) uno de los Estados del bienestar menos desarrollados en la UE, y 4) la fertilidad más baja del mundo. Estos hechos están siendo ignorados en el discurso triunfalista dominante. España se gasta menos por persona (sea ésta usuario, paciente, estudiante, pensionista o incapacitado) en transferencias sociales (tales como pensiones), en servicios sociales (tales como sanidad y servicios comunitarios y domiciliarios de atención a los ancianos e incapacitados) y en educación que la mayoría de países en la UE. En realidad, el gasto en muchos de estos capítulos del Estado del bienestar es incluso menor que el que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico del país. Mientras que el nivel de riqueza de España (medida por el PIB por habitante) es de casi el 74% del promedio de la UE, el gasto público en protección social por habitante, por ejemplo, es sólo el 62% del gasto público promedio en protección social por habitante en la UE. Ello implica que nos gastamos en protección social un 12% (74-62) menos de nuestros recursos de lo que nos correspondería por nuestro nivel de desarrollo económico. Este déficit entre lo que nos gastamos por habitante y lo que debiéramos gastarnos por el nivel de desarrollo económico que tenemos es del 8% en el gasto sanitario público, 11% en el gasto en educación pública, un 38% en el gasto público en investigación y un 22% en gastos en educación universitaria. Estos déficits son incluso más marcados en los servicios sociales, siendo de un 46% en servicios públicos de ayuda domiciliaria a los ancianos y un 64%, en jardines públicos de infancia, entre otros (EUROSTAT, 1995, 1996 y 1997). En España estas enormes insuficiencias de los servicios sociales del Estado del bienestar las cubre la familia, lo cual en la práctica quiere decir la mujer, es decir, la hija de los ancianos y la madre de los niños. La mujer española es la que provee aquellos servicios de atención a los ancianos, jóvenes e infantes, proveídos por el Estado del bienestar en otras sociedades, y lo realiza a un enorme coste personal, así como social y económico. Según los trabajos realizados por la Comisión de Estudio de Ias Desigualdades Sociales en Salud en España por el Ministerio de Sanidad, y Consumo del Gobierno español durante el periodo 1992-1994, el sector de la población española que tiene mayor número de enfermedades debidas al estrés son las mujeres de 35 a 55 años, precisamente el grupo poblacional que cubre con mayor dedicación las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español. Este es el coste personal de unas políticas públicas de austeridad social que responden a un discurso oficial que declara la familia como su centro prioritario pero que en la práctica es profundamente insensible a las necesidades de sus miembros (y muy especialmente de las madres e hijas). Estas políticas de insensibilidad familiar y austeridad social tienen también un elevado coste social; son responsables del escaso grado de participación de la mujer en el mercado laboral, al retenerlas en sus cargas familiares sustitutivas del Estado del bienestar. Sólo el 36% de las mujeres adultas trabajan en España, comparado con el 56% en la UE y el 68% en los países nórdicos de la UE. En estos países, tanto los servicios sociocomunitarios (incluyendo los servicios domiciliarios) como los jardines de infancia para niños de edad preescolar son servicios generalizados ampliamente disponibles a la mayoría de la ciudadanía. El 68% de los niños en edad preescolar, por ejemplo, están en centros de infancia públicos en Suecia, comparado con sólo el 6% en España. Esta pobreza de la infraestructura de apoyo y soporte a la familia es en gran parte responsable del bajo porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral y su fenómeno paralelo: la baja tasa de población activa en España. En nuestro país, la tasa de participación laboral de la población adulta es sólo un 48% (una de las más bajas en la UE), comparándola con un 50% en la U E y un 68% en los países escandinavos. El coste social y económico de esta baja participación laboral es muy grande. Si el porcentaje de la población femenina en el mercado laboral y el porcentaje de la población activa fueran en España los mismos que el promedio de la UE, la riqueza producida en nuestro país sería semejante al nivel de riqueza promedio de la UE. Nuestra pobreza como país está muy basada en este hecho: la baja participación en el mercado laboral.Otro gran coste de la insuficiencia del Estado del bienestar y cobertura de sus insuficiencias por parte de las familias es la gran carga que supone para la familia la absorción de la población desocupada; el 82% de los desocupados jóvenes viven con sus padres. La tasa de paro entre los jóvenes en España es la más alta en la UE (44%). Consecuencia de esta situación. es la baja fertilidad de España -la más baja hoy en el mundo- El subdesarrollo del Estado del bienestar y sus servicios de apoyo a la familia, junto al gran desempleo existente en nuestro país, conlleva una sobrecarga familiar que retrasa considerablemente el proceso de formación familiar. La baja fertilidad se basa en esta realidad preñada de cargas, angustias, incertidumbres y desesperanzas. Aquellas sociedades europeas que tienen mayor desarrollo en los servicios del Estado del bienestar y que tienen unas tasas de participación mayor de la mujer en el mercado laboral (tales como las sociedades nórdicas de la UE) tienen unas tasas de fertilidad mucho mayores que aquellas sociedades -como España e Italia- que tienen un escaso desarrollo de aquellos servicios del Estado del bienestar y una baja participación de la mujer en el mercado laboral. En estas sociedades se retrasa considerablemente el proceso de formación familiar. Las sociedades laicas del norte de la UE, carentes de una retórica profamiliar, tienen, sin embargo, unas políticas públicas (de estimular la participación de la mujer en el mercado laboral y proveer los servicios de apoyo a las familias) más favorecedoras de la formación y mante-nimiento familiar que las sociedades de cultura católica del sur de Europa, que, aunque utilizan una retórica profamiliar, promueven en la práctica políticas públicas que dificultan la formación de familias, disminuyendo las tasas de fertilidad. Pero estas políticas de austeridad social, insensibles a las familias españolas, dificultan también la producción de empleo. El tema más ausente en el debate que está teniendo lugar en España hoy sobre empleo es precisamente el de desarrollar el Estado de bienestar como medida de resolver el problema tanto de la baja participación laboral como del desempleo femenino y juvenil. Las propuestas del Gobierno Jospin en Francia son un paso en esta dirección. España no es sólo el país con mayor desempleo en la UE. Es también el país con menor tasa de crecimiento de puestos de trabajo en el sector sociocomunitario de los servicios sociales del Estado del bienestar, el sector de mayor crecimiento en empleo en la UE y que aporta mayor empleo femenino y juvenil, no sólo en la UE, sino también en la OCDE.A pesar de ello, el Gobierno español ha desechado la posibilidad de desarrollar el insuficiente Estado del bienestar español, generando a la vez empleo, ridiculizando las tímidas pero necesarias intervenciones del Gobierno Jospin. Ahora bien, en contra de lo que asume el pensamiento económico dominante hoy en España, unas políticas públicas de creación de empleo no pueden limitarse a crear sólo las condiciones favorables para que el sector privado los cree. El sector público ' tiene también que intervenir activamente en la producción de empleo, estimulando tanto el desarrollo de la infraestructura y capital humano como de los servicios del Estado del bienestar, muy poco desarrollados en España, lo cual explica en gran parte los graves problemas de equidad existentes en nuestro país.Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la U. Pompeu Fabra.