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Amenazas a la libertad religiosa en Rusia

La Iglesia ortodoxa queda situada en una posición de privilegio

La Ley sobre la Libertad de Conciencia y las Asociaciones Religiosas, aprobada el pasado viernes en la Duma (Cámara baja del Parlamento), incluye al "cristianismo", sin más especificaciones, como una de las confesiones tradicionales de Rusia. Ello no implica, sin embargo, que, por ejemplo, católicos y protestantes vayan a poder desarrollar sus actividades sin restricciones. Mucho dependerá de cómo se aplique una legislación que nace viciada por el deseo de situar a la religión ortodoxa en una situación de privilegio.El sacerdote Vadim Shaikiévich, vicario de la parroquia moscovita de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, asegura que la opinión negativa de la jerarquía católica respecto a la primera redacción de la ley se mantiene, ya que el nuevo articulado "da todo el poder" al funcionario encargado de registrar a las diversas confesiones. En cuanto a Yuri Sipkó, vicepresidente de la Unión Evangélica de Cristianos Baptistas, señala que la alianza de comunistas y ortodoxos "ha devuelto a Rusia al Estado totalitario", y que ni se respeta la libertad de conciencia ni la igualdad ante la ley de todas las creencias.

El texto, que aún debe ser aprobado por la Cámara alta antes de que pase a la firma del presidente Borís Yeltsin, admite que "ninguna religión puede ser definida como estatal u obligatoria", pero reconoce "el papel especial jugado por la Iglesia cristiano-ortodoxa en la historia de Rusia" y "en la edificación y desarrollo de su espiritualidad y cultura".

El propio líder del Kremlin da ya en la práctica un trato más que especial a la Iglesia ortodoxa, alguno de cuyos templos ha inaugurado junto al patriarca Alejo II, convertido en un poder fáctico con el que ningún líder político se atreve a enfrentarse.

La nueva ley establece una serie de limitaciones para las iglesias que no puedan demostrar su existencia legal en territorio ruso durante al menos 15 años. Una barrera que, según y como se aplique, puede afectar no sólo a las sectas, sino también al catolicismo y a numerosas confesiones protestantes que no tuvieron reconocimiento oficial durante el régimen comunista.

Algunos análisis señalan, por ejemplo, que 75 de las 200 iglesias protestantes que actualmente funcionan en Moscú (cerca de 4.000 en toda Rusia) podrían perder su registro si la legislación se aplica, de forma restrictiva. Una amenaza que pende también sobre católicos, mormones, testigos de Jehová e incluso ortodoxos disidentes de la rama principal.

Según la interpretación más pesimista, estas confesiones estarían obligadas a registrarse anualmente, hasta alcanzar el requisito de los 15 años, para pasar de "grupo" (sin acceso a escuelas y hospitales públicos, ni permiso para editar o importar publicaciones o crear escuelas) a "organización", ya con todos los derechos.

El hecho de que el "cristianismo" figure entre las religiones que "constituyen una parte inalienable de la historia de los pueblos de Rusia" (junto al islamismo, el judaísmo y el budismo) abre la puerta a la esperanza, aunque siguen justificadas todas las dudas. Mucho dependerá de cómo se aplique la ley, lo que introduce un peligroso elemento de incertidumbre y deja un margen exagerado de acción al poder civil. Ahora mismo parece políticamente indefendible que un texto diseñado en teoría para defender al pueblo llano de sectas peligrosas, como la japonesa de la Verdad Suprema, consagre la falta de libertad religiosa. El vicejefe del Gabinete del presidente, Mijaíl Komissar, aseguró ayer que se trata de proteger a los ciudadanos y el Estado, pero "todo el mundo podrá practicar su propia religión".La aprobación por la Duma de la primera versión del texto provocó una oleada de protestas internacionales, desde la del Papa a la del Senado norteamericano, que amenazó con cortar la ayuda económica a Rusia. Yeltsin puso entonces su veto, al estimar que contenía aspectos inconstitucionales, pero la nueva redacción (por una comisión especial que él mismo creó) no ha resuelto el problema.

El líder del Kremlin difícilmente podrá dejar ahora de firmar la ley, y los perjudicados ya están preparando recursos para frenar su aplicación. Los ortodoxos, entretanto, se frotan las manos de satisfacción porque creen que se frenará el proselitismo de católicos y protestantes, acelerado tras la desaparición de la URSS, hace seis años. En cuanto a la reacción internacional, lo más probable es que sea intensa, sobre todo en Estados Unidos. Ya el pasado jueves, un día antes de la aprobación del texto, Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y otros 13 miembros de esa, Cámara, enviaron una carta a Yeltsin en la que le exigían una ley que "proteja y no dañe" a la libertad de conciencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de septiembre de 1997