La incognita de las penas
Al colgar la toga, el juez Marino Barbero dejó tras de sí un rastro de 39 imputados. Fueron reducidos a siete por el segundo instructor, Enrique Bacigalupo; aumentados a 26 por la Sala Segunda del Supremo y reducidos finalmente a 12, tras aplicarse la prescripción de algunos delitos y escapársele 10 acusados al PP por su defectuosa acta de acusación.En sus dos últimos autos antes de comenzar los interrogatorios, el tribunal aquilató los delitos por los que se juzga a cada uno de los 12 acusados y retiró los prescritos y los del acta del PP. Desde entonces, los letrados no han tenido tiempo de hacer números y, al día de hoy, ninguna de las partes sabe a ciencia cierta la cuantía de las penas que se piden para cada acusado.Tras aquellos autos, las peticiones de pena más elevadas para los fundadores de Filesa se redujeron de 23 a 18 años de prisión. Sin embargo, dicha calificación fue realizada sobre el Código Penal antiguo y habrá que acomodar las peticiones al nuevo, previsiblemente más favorable para los acusados.
El, fiscal augura que las reducciones serán importantes. Fuentes jurídicas señalaron que las penas más graves estarían en una banda de entre seis y 10 años, calculando de cuatro a seis por el delito de falsedad continuada y de dos a cuatro por cada delito fiscal.
Entre los empresarios, las peticiones oscilan entre los siete años que pide el fiscal y los cuatro meses a que ha quedado reducida la acusación de Ruiz-Mateos por un mismo delito de apropiación indebida.
