España posee un arsenal de 600.000 armas antipersonas

Unas 600.000 unidades forman la reserva de minas antipersonas del Ejército español. El Tratado de Ottawa, que España se ha comprometido a firmar en diciembre, proscribe este tipo de armas, especialmente crueles e indiscriminadas, que cada año producen 20.000 heridos o muertos, casi todos civiles. El acuerdo da un plazo máximo de cuatro años para destruir los arsenales. Pero las organizaciones no gubernamentales quieren que España, a semejanza de Bélgica y Canadá, no apure el plazo y destruya de inmediato sus minas.

Casi el 90% de las reservas del Ejército español son minas explosivas, que estallan cuando alguien las roza. El 10% restante lo componen minas saltadoras, que se elevan del suelo alcanzando a la víctima entre los genitales y la cabeza, y antirremoción, que explotan cuando se intenta desactivarlas. El objetivo de estas armas era su instalación, en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos en caso de conflicto.La última remesa de minas explosivas se adquirió en 1991, a 2.170 pesetas la unidad. Las saltadoras se compraron en 1983, a 7.735 pesetas cada una, y las antirremoción, en 1990, a 9.500 pesetas. Con posterioridad, Defensa adquirió distintos sistemas de dispersión de minas desde helicópteros, blindados y camiones.

El coste de la destrucción oscila entre las 200 pesetas, las más simples, y las 500, las más complejas, por lo que la operación supondrá un desembolso de unos 150 millones. Hasta ahora, sólo se han destruido las partidas que ya estaban caducadas.

La mayoría de estos artefactos han sido fabricados por la empresa Explosivos Alaveses (Expal), que ha realizado gestiones ante los grupos parlamentarios para que el Congreso rectifique su decisión del pasado 25 de febrero de prohibir no sólo las minas antipersonas, sino también las bombas de racimo de aviación.

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