El Ejército deberá destruir su arsenal de 600.000 minas antipersonas en cuatro años

Los arsenales y polvorines del Ejército almacenan alrededor de 600.000 minas antipersonas, concebidas para matar o mutilar a quienes las pisen. Si se sembrasen por todo el territorio español habría más de una por kilómetro cuadrado. Colocadas en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos tocarían a 30 por cada metro. El Tratado sobre Prohibición de Minas Antipersonas, que el Gobierno español se ha comprometido a firmar en Ottawa (Canadá) el próximo mes de diciembre, obliga a destruir este tipo de armas, proscritas por su carácter cruel e indiscriminado, en un plazo máximo de cuatro años.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han impulsado la campaña Eliminemos las minas creen que el Gobierno español no debe apurar el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor que concede el tratado, demorando la destrucción de los arsenales hasta el año 2002 en el mejor de los casos. Defienden, por el contrario, que España siga el ejemplo de otros países, como Bélgica o Canada, que han empezado a destruir sus existencias antes de la firma del acuerdo, cuya redacción definitiva quedó ultimada esta semana en la Conferencia de Oslo (Noruega).Aunque no hay datos oficiales sobre la cuantía y las características del stock de armas antipersonas del Ejército español, un dato hasta ahora secreto que deberá declararse a Naciones Unidas en cumplimiento del tratado, EL PAíS ha podido saber que se aproxima a las 600.000 unidades. Casi el 90% del arsenal está formado por las llamadas minas explosivas, que se entierran a muy poca profundidad y estallan al más mínimo roce.

Están fabricadas con plástico, lo que impide que se puedan detectar, y su carga es reducida, unos 100 gramos de TNT, por lo que raramente causan la muerte. Esta última característica no obedece a un rasgo de piedad de los fabricantes sino a un cálculo tan brutal como cierto: en cualquier guerra, los heridos son más engorrosos que los muertos. La última partida de estas minas fue adquirida por el Ministerio de Defensa en 1991, a un coste de 2.170 pesetas la unidad.

Saltadoras y antirremoción

El 10% restante del arsenal de minas antipersonas del Ejército está formado por dos artilugios aún más maquiavélicos: las denominadas minas saltadoras, que antes de explotar se elevan del suelo, reventando a la altura de los genitales, el pecho o la cabeza de la víctima; y las minas antirremoción, auténticas bombas trampa que estallan cuando se las intenta desactivar.

Las minas saltadoras se compraron en 1983, a 7.735 pesetas cada una, y las antirremoción en 1990, a 9.500 pesetas la unidad. El valor teórico del arsenal del Ejército ronda por tanto los 1.500 millones de pesetas.

Respecto al coste de la destrucción, se estima entre 200 pesetas para las minas más simples y 500 para las más complejas, por lo que no debe superar los 150 millones. Otra cosa son los problemas para el medio ambiente derivados de una eliminación masiva de explosivos.

La gran mayoría de las minas con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas han sido fabricadas por Explosivos Alaveses S. A. (Expal). En teoría, desde 1991 no se han producido minas en España para consumo interno y desde el 1 de julio de 1994 está prohibida su exportación.

Sin embargo, las ONG pudieron comprobar en dos ferias internacionales de armas, en las que se hicieron pasar por compradores -Eurosatory (París) y Defendory (Atenas), en junio y octubre de 1994-, que los representantes de Expal estaban dispuestos a suministrarlas. Según los expertos, la producción de las minas antipersonas es tan simple que una empresa de armamento podría tener lista la cadena de montaje en menos de dos semanas, aunque llevase años sin fabricarlas.

El arsenal español de minas antipersonas se ha reducido en torno al 20% en los últimos años, pero ello no se ha debido a una decisión política, sino a la necesidad de desprenderse de las partidas ya caducadas.

A principios de esta década, Defensa puso en marcha varios programas de instalación rápida de campos de minas antipersonas y anticarro. En 1991 se recibieron al menos seis módulos diseminadores desde helicópteros, capaces de sembrar 2.500 minas cada uno, fabricados por Expal.

Con Expal se contrataron el mismo año otros 18 equipos siembraminas sobre blindados, preparados para instalar hasta 1.000 minas en 90 minutos, por 414 millones; y a la empresa pública Santa Bárbara se le encargaron 60 dispersadores de minas desde camiones por 2.500 millones.

La siembra masiva de minas, sobre todo desde el aire, tiene algún inconveniente: es difícil saber exactamente dónde se plantaron.