Las cajas de ahorro acusan a la Junta de Castilla y León de atentar contra la libertad de empresa

Las cajas de ahorro han declarado la guerra a la Junta de Castilla y León por su intento de imponer, por decreto si fuera necesario, a las entidades de la región el destino y la cuantía de sus inversiones. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) emitió ayer un comunicado en el que acusa a la Junta, aunque sin citarla expresamente, de "atentar contra la libertad de empresa y la capacidad de gestión de la propia entidad". El malestar por la pretensión del Gobierno de Juan José Lucas también se ha extendido entre los sindicatos y el PSOE, que la consideran "intolerable".

La propuesta de la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Isabel Carrasco, de imponer a las cajas de ahorros y rurales de la región que destinen hasta el 80% de su recursos propios a empresas o sectores que ella designe va sumando enemigos. Y de peso.

Ayer, fue la CECA la que salió al paso con un jugoso comunicado. La Confederación de cajas considera "preocupante la pretensión de que una institución ajena a las propias cajas puede decidir de forma genérica y permanente el destino y la cuantía de la inversión de algunas de estas entidades, hecho que atenta contra la libertad de empresa y la capacidad de gestión de la propia entidad".

La CECA, tras manifestar su disposición a colaborar con las autoridades regionales y locales de forma profesional y analizando individualmente cada proyecto, subraya que "las cajas son entidades financieras privadas sujetas a las mismas leyes que cualquier otra entidad financiera privada (...), por lo que es difícil entender que se establezcan excepciones a esta situación".

"Para la CECA", continúa la nota, "son los órganos de gobierno sobre los que descansa la plena. responsabilidad de la gestión de las mismas, los que deben decidir el destino de sus recursos con total libertad y bajo criterios de rentabilidad y solvencia. Por tanto, no debe existir circunstancia o motivo que tenga como efecto una dejación de funciones de estos órganos, en concordancia con las permanentes recomendaciones que prescribe el Banco de España".

La CECA no se ha quedado sola en estas críticas. Tanto el PSOE como UGT y CC OO descalificaron ayer el proyecto del Gobierno castellanoleonés. Jaime González, vicesecretario general de la ejecutiva del PSOE de Castilla y León, manifestó que "estamos ante un intento más del PP por controlar las instituciones financieras que operan en la región".

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Juan Sánchez, considera "intolerable la instrumentación política que el PP quiere llevar a cabo en las cajas de ahorros de Castilla y León". Sánchez señala que "resulta paradójico y contradictorio este intervencionismo de la Junta de Castilla y León, mientras que el Gobierno de la nación está llevando una política económica basada en la privatización y en las leyes del mercado. Posiblemente será porque las empresas privatizadas se están poniendo en manos de sus amigos y las que no son susceptibles de privatizarse las quieren controlar por la vía de las amenazas y la coacción".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Banca de CC OO, María Jesús Paredes, se mostró partidaria de la cooperación entre las autoridades políticas y las cajas, "pero siempre y cuando se respete la independencia de éstas y sus criterios de rentabilidad". "Las cajas no pueden estar pendientes de lo que quiera el partido político de turno", manifestó.