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El PP desiste de recurrir al Constitucional la anulación de su acusación en el 'caso Filesa'

Javier Casqueiro

El Partido Popular no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la anulación por parte del Tribunal Supremo de su acta de acusación contra varios ex dirigentes del PSOE en el caso Filesa. Este juicio, que se reanudó el 3 de septiembre, tiene prevista la comparecencia de Felipe González y Alfonso Guerra el lunes. El equipo jurídico del PP preparó hace tiempo los trámites del recurso, pero la dirección del partido ha paralizado ese proceso desligándolo de la exigencia, planteada por un dirigente socialista, de que abandonen el juicio para negociar un pacto sobre la justicia.

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Los testigos no aclaran nada

El PP no abandonará, en cualquier caso, su presencia en el juicio del caso Filesa. Mantiene que la decisión de no plantear "ahora y hasta que se conozca la sentencia" un recurso de apelación al Constitucional de la anulación de sus propuestas de acusación no significa que vaya a dejar de estar personado en esta causa. Un juicio que precisamente a partir de la semana que viene, con la comparecencia de González y Guerra, eleva considerablemente su ya relevante carga política.El PP, de hecho, continúa presente en el juicio sobre Filesa de manera testimonial, casi simbólica, porque ya no podrá presentar su propuesta de acusación y tendrá que adherirse a las del fiscal o a las de las otras acusaciones personadas en el caso, esencialmente las del abogado del empresario jerezano José María Ruiz Mateos. Sin embargo, el letrado del PP Juan Ramón Montero, que ha sido fuertemente cuestionado en la resolución del Supremo, continúa planteando preguntas diariamente a los testigos, aunque éstos tienen la potestad de contestarlas o no. También podría interrogar el lunes a González y Guerra.

El escrito de acusación del PP en el caso Filesa, con una calificación de 545 folios, fue duramente rechazado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que llegó a cuestionar incluso el tipo de defensa jurídica y profesional formulada por este partido por su inconcreción y "serias irregularidades". Esta actuación del Supremo sirvió de base al líder de IU, Julio Anguita, para acusar al presidente de la sala de "presunto delincuente" por recoger incorrectamente una cita de una sentencia del Constitucional.

En esa polémica, el PP siempre sostuvo que se había producido una manipulación y anunció su intención de apelar a las más altas instancias judiciales. Así lo anunció incluso su portavoz en el Congreso para asuntos de Justicia, el diputado Andrés Ollero. Ahora ya no será así. Ollero ha circunscrito cualquier responsabilidad sobre este asunto a la dirección nacional del PP.

De esa intención de elevar sus quejas al Constitucional es de lo que ahora desiste la dirección nacional del PP. Los populares esperarán, en todo caso, a conocer la sentencia para proceder en consecuencia."Recurriremos al Constitucional si observamos, una vez acabado el pleito, que se produce cualquier acto que pueda violar o vulnerar los derechos fundamentales", explicó un miembro de la dirección nacional del partido.

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El PP, de cualquier manera, desliga esta actuación de la posibilidad de retirarse totalmente del juicio como gesto de buena voluntad para negociar con el PSOE un gran pacto sobre la crítica situación de la Justicia. Esta exigencia, casi a modo de condición, la había expresado el diputado socialista Jesús Caldera, portavoz adjunto en el Congreso. En el PP restan trascedencia a ese planteamiento de Caldera porque entienden,además, que no ha sido respaldado por más dirigentes de su propio partido.

"El pacto de la Justicia es algo mucho más importante y global como para estar pendiente de si un partido se retira de una causa que, además, iba a continuar su proceso de cualquier forma, hiciese lo que hiciese el PP", subrayó un dirigente nacional de este partido. El Partido Popular quiere basar las conversaciones con el PSOE sobre la reforma de la Justicia en el recientemente aprobado Libro Blanco. El PSOE ya ha avanzado que esas conversaciones son, en estos momentos, imposibles e inviables.

Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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