China adelanta que desde ahora sólo sobrevivirán las empresas más fuertes

Desde que Deng Xiaoping impulsara, hace ya casi dos décadas, el proceso de reforma, el verbo marxista de los dirigentes chinos ha dejado de tener sentido. En ese cada vez más laxo concepto de "socialismo con características chinas" cabe ahora el cierre de empresas no rentables y el despido de sus trabajadores. "En una economía socialista de mercado debe prevalecer la ley del mercado; es decir, sólo sobreviven las empresas más fuertes", dijo ayer sin pestañear un alto funcionario delante del ministro de Planificación Estatal, Chen Jinhua.

Éste sí pestañeó y dulcificó algo la sentencia. Pero el cierre y el despido son ya un hecho en China y es previsible que aumenten con la fuerte reestructuración del sector público avanzada por el máximo líder, Jiang Zemin, en el XV Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) que se celebra estos días en Pekín.El ministro Chen remarcó que la reforma pretende que el desarrollo sea más eficaz y menos desigual entre las provincias costeras y las restantes. Y se refirió a la llaga sangrante de las empresas públicas. Las más grandes, dijo, seguirán en manos del Estado; las medianas y pequeñas podrán fusionarse, ser vendidas a los trabajadores o a inversores extranjeros, convertirse en cooperativas o en sociedades por acciones cotizables en Bolsa, y las demás serán cerradas. El Estado intentará velar por los intereses de quienes pierdan el puesto de trabajo, añadió el ministro para suavizar la contundente declaración del viceministro Zhang Haoruo.

Jiang Zemin lo advirtió el viernes en la apertura del congreso y ayer también lo reiteró el ministro de Planificación Estatal: la reconversión que en tres años se compromete a realizar el Gobierno no va a ser nada fácil a pesar de que se muestra optimista del éxito final. Provocará además de paro, mucha resistencia por parte de altos funcionarios que se han beneficiado del despilfarro. Los primeros resultados no se observarán antes de 10 años.

En China existen más de 100.000 empresas públicas de las cuales el Gobierno reconoce que al menos la mitad se hallan en situación ruinosa aunque otras fuentes aseguran que el porcentaje es mucho más alto. Unos 100 millones de personas trabajan en ellas y su formación es bastante escasa. Aun cuando oficialmente no se habla de cifras se estima que un 30% de los empleados es personal excedente que previsiblemente terminará en el paro. Un informe del Banco Mundial asegura que los experimentos de reconversión realizados a partir de 1996 con más de un millar de compañías estatales piloto han puesto a dos millones de trabajadores en la calle.