Liaño impone al general Galindo una fianza de 25 millones para no volver a prisión

El juez Javier Gómez de Liaño fijó ayer una fianza de 25 millones de pesetas para que el general Enrique Rodríguez Galindo pueda continuar en libertad. Además, modificó las comparecencias semanales en el juzgado a las que estaba obligado Galindo -procesado como inductor del secuestro, torturas y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983- por presentaciones cada tres días, con el fin de garantizar su presencia en el futuro juicio. Fuentes próximas a Galindo señalaron ayer que el general había ordenado a sus abogados no depositar la fianza que le han impuesto ni que acepten que nadie la pague en su nombre. El plazo para constituir la fianza vence el lunes.

La imposición de la fianza fue solicitada por el fiscal Eduardo Fungairiño, después de que el general de la Guardia Civil se negase a prestar declaración, así como a carearse con el ex cabo Felipe Bayo -procesado como autor material de los crimenes de los etarras-, que recientemente ha inculpado en el secuestro y muerte de Lasa y Zabala a Galindo, al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y al entonces capitán Ángel Vaquero.Galindo se presentó con, un folio mecanografiado en el que en síntesis señalaba que se encuentra indefenso en el proceso y que rechaza, por falsas, las acusaciones que contra él ha formulado Felipe Bayo.

El general criticaba la utilización del secreto sumarial y de la prisión preventiva por parte del juez instructor y precisaba que nunca ha presionado a nadie ni ha alterado pruebas ni tiene intención de eludir la acción de la justicia. "Debe saber su señoría [por Gómez de Liaño] que yo le recusaré siempre, y que es mi decisión no contestar nunca a ninguna de sus preguntas en esta causa", anunciaba el escrito.

Nuevos indicios

El fiscal entonces reclamó la imposición de la fianza para Galindo por la existencia de nuevos elementos incorporados al sumario después del auto de la Sala de lo Penal que decretó la libertad sin fianza del general, en agosto de 1996.

Estos nuevos indicios son la desclasificación de los papeles del Cesid, las declaraciones de varias personas de Tolosa detenidas en 1983 como consecuencia de los datos obtenidos de los interrogatorios a Lasa y Zabala y, por último, la declaración de Bayo, un coimputado, testigo presencial, que asegura que Galindo estuvo en el Palacio de la Cumbre junto con Elgorriaga y Vaquero en los interrogatorios de los etarras.

El abogado defensor de Bayo, Ángel López Montero, llegó a pedir la prisión incondicional de Galindo por entender que el silencio del general perjudica a su cliente. Las acusaciones apoyaron la postura del fiscal por considerar que cada vez hay más indicios contra Galindo. Además, aludieron al temor a que éste maniobre para destruir pruebas. El juez resolvió verbalmente aceptando la petición del fiscal y señalando que posteriormente redactará el auto correspondiente.

Mientras Gómez de Liaño deliberaba y los abogados y Galindo esperaban en los pasillos de acceso al juzgado, Bayo, que se encontraba en la Audiencia para el posible careo con Galindo y había sido conducido a un despacho del grupo de inspectores, en la misma planta, se enteró que el general se negaba a carearse con él.

En ese momento, se abrió la puerta del despacho en el que estaba Bayo y al ver a une de los defensores de Galindo, el abogado Jorge Argote -también procesado en este caso gritó: "No tenéis agallas para carearos conmigo. Sois unos cobardes y unos mentirosos. ¡Que se entere la prensa!" Bayo fue reducido y los policías que le custodiaban cerraron la puerta del despacho.Galindo abandonó la Audiencia Nacional poco después sin despejar la duda de si depositaría la fianza. En aquel momento el general remitió para la respuesta a sus abogados. Argote manifestó: "Lo tenemos que pensar", mientras que José María Fuster Fabra, que ayer ejerció de defensor de Galindo, dijo: "Es la pregunta del millón, pero no la voy a responder en este momento".

En agosto de 1996, cuando fue puesto en libertad después de 72 días en prisión, Galindo dijo que si le hubieran puesto una sola peseta de fianza no la habría pagado. Ayer por la tarde fuentes jurídicas aseguraron que Galindo había ordenado a los abogados no pagar y que si tenía que volver a ingresar en prisión, así lo haría.

Por otro lado, Galindo, Argote, Elgorriaga y el ex sargento Enrique Dorado Villalobos presentaron ayer una querella contra Javier Gómez de Liaño por un presunto delito de prevaricación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La querella se basa en que Liaño no admitió a trámite la recusación que los cuatro presentaron contra el juez.