El Gobierno, indulta a Bertrán Caralt, condenado por fraude fiscal

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha concedido el indulto al industrial catalán José Felipe Bertrán de Caralt. El empresario, que fue condenado por fraude fiscal, había recibido el dictamen favorable de la Audiencia de Barcelona, el tribunal que le juzgó, y el Supremo había reducido las penas de prisión de seis a cuatro años. El indulto ha sido concedido parcialmente, con lo que los cuatro años de pena -impuestos por el Tribunal Supremo en mayo de 1996-se reducen a sólo un año de prisión.

El empresario José Felipe Bertrán de Caralt, que presidió la cementera Asland y tenía negocios familiares relacionados con la producción de pollos, no volverá a ingresar en prisión. Según el indulto, que también beneficia a Timoteo Ramírez, uno de los colaboradores de Bertrán de Caralt, éste ha satisfecho la responsabilidad civil impuesta. José Felipe Bertrán pagó a Hacienda, además de la multa de 591.260.172 pesetas, una indemnización equivalente a lo defraudado y otros 300 millones de pesetas en concepto de intereses por la cantidad defraudada. En total pagó 1. 182 millones de pesetas a la hacienda pública.Para tomar la decisión de indultarle parcialmente por los dos delitos de defraudación (dos penas de un año y seis meses) y otro de falsedad (dos años) que apreció el Supremo, también se ha tenido en cuenta que ha rebasado los 70 años, que es poco probable que pueda reincidir y que hace más de nueve años de la comisión de estos delitos.

Otro de los argumentos de la petición de indulto es que José Felipe Bertrán pudo haber cedido a los presuntos chantajes y coacciones que se imputan en una investigación penal al instructor de su causa, el ex juez Luis Pascual Estevill, y que, sin embargo, ingresó en prisión preventivamente sin atender estas tentativas de cohecho. De hecho, José Felipe Bertrán es uno de los empresarios que acusan a Pascual Estevill de tentativa de extorsión en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ex juez.

DNI falsos

Bertrán de Caralt, al que se aplicó inicialmente la mayor pena dictada en España por delito fiscal, fue condenado por la Audiencia de Barcelona a seis años por encargar a su empleado Timoteo Ramírez un plan para ocultar a Hacienda su patrimonio. Ramírez invertía en letras del Tesoro y productos financieros adscritos a DNI falsos o de personas que nada tenían que ver con ellos, entre las que se encontraban un grupo de pescadores onubenses que denunciaron el caso. Los acusados invirtieron por esta vía unos 2.000 millones de pesetas entre 1988 y 1989.