El PP llevó la confusión al proceso
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha devuelto al PP, pero en papel de oficio y con membrete del alto tribunal, las acusaciones de tergiversación. Con la misma letra negrilla que utilizó para la controvertida cita de la sentencia del Constitucional, el Supremo afirma: "Lo que no se puede es crear confusión dentro del proceso cuando la decisión del tribunal es únicamente consecuencia obligada de lo que viene expuesto antes", es decir, a lo largo de siete folios de explicaciones sobre los motivos para anular el acta de la acusación del Partido Popular."Lo que no puede", agrega el Supremo como punto final a sus argumentaciones, "es tergiversar el sentido y significado de una decisión Judicial, se compartan o no sus postualdos, con argumentaciones que ponen en entredicho la buena fe de quienes la dictaron".
Tras 10 folios de recriminaciones a la representación del PP, el alto tribunal procura, no sin sarcasmo, salvar de la quema al letrado del PP, Juan Ramón Montero, cuya "acreditada profesionalidad" considera "hartamente demostrada en numerosas ocasiones".
A renglón seguido, la Sala reitera que los magistrados se han limitado a sostener "el criterio legal impuesto por la buena fe al servicio de la más estricta legalidad, aunque su decisión, siempre sometida a la crítica o a la vía de los recursos que fueran pertinentes, no puede ser del gusto de todos los que alrededor del Derecho se mueven".
La resolución del Supremo despeja el camino a la reanudación, mañana, del juicio del caso Filesa, en el que se sentarán en el banquillo los mismos 12 acusados que quedaron tras las sesiones de julio.
Sin embargo, el tribunal aún podría reducir este número si se tienen en cuenta las alegaciones de nulidad y de prescripción que hicieron sus letrados defensores el pasado mes de julio y sobre las que deberá pronunciarse el Supremo en la reanudación de la vista.
El PP sigue personado como parte en el proceso, pero no se tendrá en cuenta su acta de acusación, aunque siempre podrá adherirse a las peticiones que formulen el ministerio fiscal, el abogado del Estado y el empresario José María Ruiz Mateos.
