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LA DENUNCIA enviada a la Unión Europea por la Unión Progresista de Fiscales es una relación de los desafueros cometidos por el Gobierno de José María Aznar en contra de la independencia de la carrera fiscal en particular y de la justicia en general. Cierto es que es poco común el hecho de que una asociación de funcionarios del Estado como los fiscales envíe a Bruselas una denuncia contra su Gobierno por cuestiones de orden interno.Y no es menos cierto que se trata, ante todo, de un acto político porque la UPF no puede pedir ni mediación ni decisión de la Unión Europea en todas las cuestiones que se citan y que han llevado al enfrentamiento masivo de la carrera fiscal con el Gobierno del Partido Popular. Como todo acto político, la decisión de la UPF de remitir a Bruselas la denuncia es discutible. Y sin duda también es controvertida.

Pero si la forma en sí de denunciar el malestar de la carrera fiscal es controvertido, la reacción del Ejecutivo es una vez más deplorable. Un Gobierno, y ante todo su presidente, tiene perfecto derecho a molestarse ante la actitud de un colectivo que le critica. Pero su deber ante una acusación de hechos gravísimos como los que se denuncian ante Bruselas es, desmentir o rebatir las acusaciones o, si esto no es posible, explicar los motivos de las actuaciones gubernamentales allí descritas.

Lo que no es de recibo es la respuesta con gracioso chascarrillo, fórmula quizá demasiado utilizada por el presidente Aznar cuando quiere descalificar a alguien o algo y no responder a lo que realmente se le plantea. La sonrisa y el ademán displicente cuando califica de "ridículas" las denuncias de la UPF pueden posiblemente confirmar la adhesión a su persona de los sectores menos dotados de sensibilidades jurídicas. Pero no dicen nada bueno de su propia percepción de cómo han de afrontarse problemas capitales en un Estado de derecho.

En el contenido de la denuncia ante la UE coinciden toda la carrera fiscal de España y alguna relevante asociación de magistrados. Son problemas provocados en su mayoría con maestría digna de mejor causa por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Van desde los controvertidos relevos de dos fiscales generales y la defenestración del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, hasta el inaudito y según muchos ilegal nombramiento de uno de los cabecillas de la rebelión de fiscales en la Audiencia, Eduardo Fungairiño, como el sucesor del jefe ignominiosamente destituido por el Ejecutivo.

Y son problemas con los que se va a tener que enfrentar el Gobierno ahora, cuando se inicie el curso judicial, porque no ha resuelto ninguno de ellos. Por mucho que se ría de sus propias gracias y descalificaciones el jefe del Gobierno, la ministra de Justicia o todos los que han ridiculizado la denuncia, los problemas relatados en el texto de la UPF están ahí y son muy tercos en su consistencia.

Mención aparte merece en este contexto la zafiedad con que miembros del Gobierno y del Partido Popular se han referido a los destinatarios de la denuncia. De "furor bruselino" de los adversarios de este Gobierno han calificado algunos dirigentes populares y sus corifeos más conspicuos el hecho de que coincidan últimamente diversas denuncias contra el Ejecutivo en Bruselas.

La descalificación y en muchos casos difamación de diversos miembros de la Comisión Europea se ha convertido en hábito entre ciertos sectores del Gobierno. La UE parece ser para el Gobierno de Aznar poco menos que un órgano simpático que orquesta reuniones ciclistas por Amsterdam, pero que no tiene competencia alguna para molestar aquí con sus advertencias de que todos los miembros de la Unión han de respetar ciertas formas y las regulaciones comunes.

Muchos parecen ser entre los actuales gobernantes los que tienden a ver en Bruselas una fuerza hostil extranjera y extranjerizante que "no nos entiende" y que se alimenta de denuncias de españoles poco patriotas que acuden allí con sus diversas cuitas. Actitudes tan chuscas pueden quizá fomentar el regocijo de los sectores más trabucaires del electorado del PP. Pero en todo caso no son los hábitos que se esperan en Europa de España.

En el fondo, lo que el Gobierno de Aznar debería preguntarse es por qué, tras 20 años de democracia, sólo 18 meses después de haber llegado el PP al poder, sectores muy diversos de la sociedad española buscan en Bruselas la protección y las garantías legales que no creen ya poder encontrar en las instituciones regidas por ellos.