El presidente de Kenia viaja a la zona de Mombasa en medio de las acusaciones de fomentar la violencia

La violencia desatada en la zona keniana de Mombasa obligó ayer al presidente Daniel arap Moi a realizar una visita relámpago a la zona mientras arrecian las acusaciones entre el Gobierno y la oposición de fomentar el odio interétnico con motivo de las elecciones que deben ser convocadas para este año. Moi, de 73 años, se trasladó con una fuerte escolta a la costa índica del país y visitó algunos de los lugares que en los últimos días han sido escenario de saqueos y asesinatos.En la madrugada de ayer tres personas murieron en Likoni cuando hombres armados atacaron la iglesia católica donde cientos de personas se habían refugiado. Desde el inicio de la violencia tribal son 43 las víctimas mortales. Cientos de inmigrantes procedentes del interior del país han abandonado la zona costera atestando con las pertenencias que pueden llevar consigo los trenes y autobuses que salen de la región.

La policía keniana informó ayer de que la costa permanece en calma. Asimismo, entre las 35 personas detenidas el viernes se ha descubierto que un hombre participó en el asalto a la iglesia de Likoni y otro que atacó una comisaría el pasado día 13. Éste último pertenece a un grupo organizado.

Las tribus locales costeras acusan a los inmigrantes del interior -con un nivel educativo más alto- de copar los mejores trabajos y de ocupar sus tierras. Mientras, los inmigrantes aseguran que la violencia desatada contra ellos se basa en que, en su mayoría, apoyan a la oposición al gobernante Unión Nacional Africana de Kenia (KANU). De hecho, el presidente Moi ayer al dirigirse a los habitantes de Ukunda comenzó su discurso diciendo: "No sé si estoy hablando con gente del KANU o no", a lo que la multitud respondió enfervorizada "¡KANU! iKANU!". Sin embargo, Moi bajó luego el tono de su discurso y aseguró que "Kenia es de todos los kenianos y nadie puede echar a nadie de la tierra en que vive". También anunció que se ha concedido un plazo de 24 horas a los que robaron armas para que las devuelvan.