El Plan del Júcar que zanja 'la guerra del agua' entre Bono y Zaplana costará 730.000 millones

El Consejo del Agua del Júcar aprobó ayer en Valencia por amplia mayoría el plan de la cuenca española más polémica, tras meses de disputas entre regantes manchegos y valencianos y sus respectivos dirigentes políticos. Seis abstenciones, 54 votos a favor y ninguno en contra hablan del consenso al que llegaron los miembros del consejo, acabando así con la guerra del agua que ha enfrentado a los equipos de Gobierno de Eduardo Zaplana, presidente valenciano, del PP, y del socialista José Bono, su homólogo en Castilla-La Mancha, y la ministra, Isabel Tocino.

El plan del Júcar costará 737.841 millones de pesetas, a financiar en un 70% por la administración central. La puesta en marcha del trasvase entre los ríos Júcar y Vinalopó -la infraestructura más cuestionada por los regantes manchegos- que ahora goza de un consenso generalizado, estará por ello doblemente hipotecada.La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, se ha comprometido a financiar los 12.000 millones de ese trasvase (100 hectómetros cúbicos anuales reducidos ahora a 80). Por otro lado, deberán modernizarse en el primer quinquenio del plan los regadíos tradicionales valencianos para destinar los excedentes a los regadíos de cinco comarcas alicantinas.

Una semana después de que Tocino, Zaplana y Bono se congratularan en Madrid de alcanzar un acuerdo, la Confederación del Júcar finalizó ayer, tras el refrendo del Consejo del Agua, el texto definitivo del plan. Ahora deberá aprobarse en el Consejo Nacional del Agua para su remisión al Consejo de Ministros previsiblemente, antes de final de año.

Juan Manuel Aragonés, presidente del Júcar reconoció ayer la dureza en la negociaciones. Para ello, tuvo que convencer a distintas asociaciones de regantes valencianos que todavía el lunes declaraban su posición negativa. No en vano, el plan admite las demandas de los cultivos alimentados mediante pozos ilegales en el acuífero de la Mancha Oriental y consolida, aunque reducidos en extensión, los regadíos del Canal de Albacete y la Manchuela Centro, declarados de Interés Nacional en 1989.

En el futuro, la cuenca que da de beber a una población de 4.127.563 habitantes y riega 370.000 hectáreas, dedicará, según explicó ayer Zaplana, 2.926 hectómetros cúbicos a la Comunidad Valenciana. Castilla-La Mancha, aunque ha arañado logros tras la guerra del agua, apenas llega a consumir el 20% de los recursos (743 hectómetros).

Sin embargo, todos los interlocutores han insistido en que han salido beneficiados. "Que nadie instrumentalice el acuerdo diciendo que hay ganadores y vencidos", advirtió Zaplana, al igual que hizo Bono la semana pasada. Sin embargo, poco después, al hablar de las negociaciones para conseguir que el Plan Hidrológico Nacional trasvase agua del Ebro a Castellón aseguró: "En ninguna de las negociaciones hemos perdido ... todo lo contrario, siempre hemos ganado"

Otro de los puntos polémicos del plan, que incluso motivó alegaciones por parte de Iberdrola, es el referente a las indemnizaciones a los usuarios perjudicados cuando no se atiendan los términos de la concesión. La nueva redistribución de los recursos implica, según la empresa eléctrica, cuantiosas pérdidas, que algunos han cifrado en 10.000 millones anuales. Aragonés explicó ayer que, "por supuesto", el plan contempla indemnizar a los propietarios de una concesión en cumplimiento de la Ley de Aguas. Y especificó que estas indemnizaciones tendrá que sufragarlas el Estado.

Trasvase del Ebro

Iberdrola apoyó finalmente el plan, aunque hizo un voto particular pues considera que sus derechos sobre futuros saltos en las presas de Alarcón y Tous no quedan suficientemente plasmados en el plan. Las seis abstenciones, explicó Aragonés, se debieron a los dos portavoces de grupos ecologistas, a los alcaldes de Ibi y Onda, ambos del PSOE ("se ha negociado a espaldas del parlamento valenciano", según su portavoz Ricard Torres), y a los dos representantes de Aragón, que se quejaron porque el plan hace referencias al posible trasvase del Ebro, que en todo caso deberá abordarse sólo desde el Plan Hidrológico Nacional.La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, calificó de "logro histórico" el acuerdo de ayer y recordó en Santander que "en tan sólo 14 meses hemos sido capaces de acabar con ese EL PAÍS enorme escollo que representaban los planes del Tajo, Segura y Júcar, los más políticos que quedaban pendientes y sin cuya aceptación no hubiéramos podido avanzar hacia la elaboración del Plan Hidrólogico Nacional", informa Jesús Delgado. Tocino señaló que el consenso se ha sellado sobre la consolidación de los recursos necesarios para los usos actuales y dejando a salvo los de abastecimientos.