El Supremo obliga al Ayuntamiento a devolver el suelo del Museo de la Ciudad
El Museo de la Ciudad, un edificio de cinco plantas que costó 3.000 millones y alberga, entre otras cosas, maquetas y cuadros que explican la historia de Madrid, se aposenta en unos terrenos que no pertenecen al Ayuntamiento, sino a un particular que los reclama. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenó al municipio devolver el suelo del museo al antiguo propietario. La instalación se abrió al público en mayo de 1993.La historia arranca a mediados de los años cuarenta, cuando el entonces Ministerio de Transportes expropió a un particular un terreno situado en lo que después sería el número 140 de la calle del Príncipe de Vergara. La condición para la expropiación estaba clara: este suelo debería utilizarse para construir viviendas que sufragaran los accesos de la estación de Chamartín, que entonces era sólo un proyecto. Las casas, una vez subastadas, servirían al Ministerio de Transportes para pagar los accesos de la estación. Esto nunca se hizo así, y el propietarío adquirió, en 1977 el derecho de "reversión" [devolución de los terrenos] del suelo. Pero no consiguió que el Estado se los devolviera entonces. Es más: en 1988, el Ministerio de Transportes, cedió los terrenos al Ayuntamiento capitalino, que empezó, en 1990, bajo mandato de Agustín Rodríguez Sahagún, a construir el museo.
Ya entonces, el propietario de los terrenos advirtió a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento que el suelo era de su propiedad y que convenía "llegar a un acuerdo" antes de que la obra prosiguiera. Pero el Ayuntamiento no accedió, según cuenta el particular.
Así que el titular del suelo, sosteniendo que el museo no se ajustaba al propósito por el que había sido expropiado el suelo casi 45 años atrás, acudió al Tribunal Superior de Justicia. La Ley de Expropiación forzosa le avalaba, ya que indica que la devolución de los bienes expropiados es procedente cuando "no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación".
En noviembre de 1991, mientras el Museo de la Ciudad estaba en construcción, se dictó la primera sentencia, que refrendaba la opinión del particular. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento contratacaron y apelaron esta sentencia. El técnico responsable entonces de Obras en el Ayuntamiento, Luis Armada -hoy gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda- pensaba que el municipio encontraría "algún resquicio legal" para solucionar el asunto.
Pero el Tribunal Supremo, en otra sentencia, ésta ya no recurrible, ha seguido dando la razón al propietario.
"Seis meses"
El Ayuntamiento ha argumentado al juez que la sentencia es imposible de ejecutar
El propietario también ha enviado escritos al juez comunicándole que el Ayuntamiento no ha cumplido la sentencia, para lo que tiene "seis meses", según el dueño del suelo. Denuncia también que el municipio ni siquiera se ha puesto en contacto con él para decirle cuánto le costará la devolución de los terrenos.Sin embargo, el demandante afirma que lo que más le interesa "es llegar a un acuerdo económico con el Ayuntamiento".
"Esos terrenos podrían valer ahora 2.000 millones de pesetas, pero yo estoy dispuesto a negociar con el Ayuntamiento", dice el propietario. El dueño, de los terrenos advierte que sí no se llega a un acuerdo, está dispuesto "a alquilar al Ayuntamiento el museo". "Yo no quiero perjudicar a la ciudad de Madrid, pero se tiene que entender que yo defiendo mis intereses y que los jueces me han dado la razón", añade.
El propietario se queja de que lleva "más de veinte años" pleiteando con el Ayuntamiento y con el ministerio. "Se me ha ido la vida y el dinero en abogados, pero ya que he llegado hasta aquí, se comprenderá que no quiera parar", concluye.
El caso de los terrenos del Museo de la Ciudad puede suponer un precedente para pleitos parecidos, como los que afectan a los terrenos expropiados en la plaza de Castilla para ubicar instalaciones ferroviarias o causas de "utilidad pública" y sobre los que se construyeron después las torres de KIO o la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Los antiguos propietarios pleitean con la Administración para conseguir la reversión de los terrenos, objeto de actuaciones urbanísticas distintas al fin para el que se expropiaron.
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