Recurridas en los últimos doce meses más de 350.000 multas de tráfico

De los dos millones y medio de multas que impone la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirige Carlos Muñoz-Repiso, al año por infracciones a las normas de circulación, sólo una séptima parte de los sancionados las recurren. En los últimos doce meses se presentaron 364.158 recursos, de los que sólo el 10% han ido estimados, según afirma el Gobierno en una respuesta escrita.

Entre el 1 de mayo de 1996 y el 30 de abril de este año, los 364.158 conductores sanciona do que recurrieron las multas por disconformidad, la DGT ha resuelto 326.543. La mayoría desfavorablemente. Se dejaron sin efecto 36.503, mientras en 5.119 casos se consideraron parcialmente las alegaciones formuladas y se modificaron las resoluciones; 3.960 fueron anuladas por defecto de forma, según la mencionda respuesta gubernativa al senador Juan Antonio Arévalo, portavoz socialista en la Comisión de Interior y Función Pública del Senado. Arévalo llama la atención de que sólo se hayan estimado un 10% de los recursos, lo que le in duce a pensar que se resuelven mecánicamente y no tienen en cuenta las alegaciones. "La única vía para proseguir la reclamación es la contencioso-administrativa que resulta muy costosa y tarda mucho tiempo en pronunciarse. Aunque no hace falta procurador, nadie acude a esas instancias, si no es asesorado por un abogado, así que la mayoría de la gente se retrae, paga y se olvida", apunta Arévalo.

El senador socialista destaca que muchos de los recurrentes aportan pruebas testificales en sus alegaciones, pero éstas no se tienen en cuenta, dada la prevalencia que la Administración otorga a las aportadas por los agentes. "Cuando contesta no ofrece la posibilidad de reconstruir el incidente para contrastar su información con la del recurrente", afirma. Y se remite a la ausencia de respuesta a la pregunta de cuántas pruebas testificales se han señalado. "Podrían decir que 40.000 de las 50.000 solicitadas, pero se limita a no contestar".

Arévalo destaca que cuando se deniega una prueba en el ámbito jurídico, se fundamenta. "Tiene que ser razonada", dice. "La Administración debería actuar en el mismo sentido. Explicar por qué desecha un recurso. Da la impresión de que los deniega sistemáticamente y que los 36.000 que ha estimado lo son por mera prescripción.