Un peaje millonario

El caso Sóller comenzó en 1988, cuando el Gobierno de las Islas Baleares, presidido en aquel momento por Gabriel Cañellas -que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1983 hasta su dimisión forzada en julio de 1995-, adjudicó la construcción y explotación del túnel de peaje de Sóller, en Mallorca, a una empresa encabezada por el financiero Antoni Cuart Ripoll: la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, creada al efecto.Cañellas y su esposa, María Amparo Rotger, como Cuart, fueron accionistas y miembros del consejo de administración de Salinera Española cuando el Gobierno balear decidió adjudicar al empresario la obra y su explotación.

El túnel -tres kilómetros que unen el valle de Sóller con el llano de la isla de Mallorca- era la obra pública de gestión privada más ambiciosa de las proyectadas en Baleares. Los cálculos indicaban que la compañía adjudicataria recaudaría cerca de 50.000 millones de pesetas en los 30 años de concesión privada. La comisión técnica que evaluó el concurso público calificó la oferta de Cuart como la tercera de las cuatro presentadas.

Desvío de 140 millones

Según el fiscal del caso, Juan Carrau, Cuart elaboró las bases del concurso público y concertó con Cañellas el pago de 50 millones de pesetas por el trato de favor recibido. El 31 de enero de 1989, esa cantidad fue retirada de la cuenta corriente que la compañía concesionaria poseía en la Banca March y se dividió en diez cheques de cinco millones cada uno. Quedaron fuera de la circulación y, unos meses después, fueron apareciendo poco a poco.La constructora de Cuart quebró sin concluir el túnel y, en sus investigaciones, la policía judicial detectó un supuesto desvío irregular y una factura falsa de 140 millones de pesetas.

Parte de ese dinero, según la acusación, pasó al control personal de Cañellas a través de la Fundación Illes Balears, una entidad benéfica que Cañellas fundó en diciembre de 1988, que él mismo dirigía y gestionaba y que logró reunir en seis años más de 1.000 millones de pesetas, 70 de los cuales fueron aportaciones realizadas con carácter anónimo.

La Policía identificó también pagos de la empresa concesionaria del túnel a empresas de publicidad y a suministradores electorales (empresas dedicadas a la restauración, imprenta y agencias de viajes) e ingresos en las cuentas oficiales de la organización del PP, así como en las cuentas de dos tránsfugas que apoyaron al Partido Popular y de personas afines al partido -militantes, diputados autonómicos, consejeros del Gobierno regional...- , que se habrían repartido el resto de los 50 millones y que apuntan a la existencia de una caja B [contabilidad oculta para campañas electorales].

El blanqueo se realizó supuestamente a través de operaciones de fraccionamiento y atomización de las presuntas comisiones que se realizaron en 11 meses.

Lo que nunca se ha logrado desvelar es quién retiró un maletín con 72 millones en billetes de 10.000 de pesetas de un banco de Palma.