Aprobada la ley de videovigilancia con la oposición de IU y de EA

El Congreso aprobó ayer con carácter definitivo y con los votos en contra de Izquierda Unida, Begoña Lasagabaster (EA) y Pilar Rahola (Partit per la Independencia), el proyecto de ley de videovigilancia que permite la instalación de videocámaras en lugares públicos con el objetivo fundamental de combatir la violencia callejera.Rosa Aguilar, en nombre de IU, explicó que la postura de su grupo y el proyecto de ley nada tienen que ver con los acontecimientos de los últimos días y que iban a mantener la misma postura que sostuvieron desde el principio, por entender que no se garantizan los derechos de los ciudadanos, especialmente el de reunión, y que se manejan conceptos muy indeterminados a la hora de fijar los objetivos de la ley.

Las videocámaras sólo podrán instalarse en lugares públicos, previo un dictamen, preceptivo y vinculante, de una comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Las imágenes y sonidos que se capten por este método, se destruirán en el plazo de un mes, salvo que sirvan directamente a una investigación policial o a un proceso judicial. Las personas afectadas por la grabación podrán ejercer el derecho al acceso y cancelación de imágenes en las que queden grabados.