Mercado, pero menos

SI EN algo aparenta este Gobierno tener ideas firmes -que no claras- es en la privatización de las empresas públicas. Aznar y su equipo económico han reiterado una y otra vez a la opinión pública las excelencias de reducir el patrimonio del sector público empresarial y el deseo de dedicar sus esfuerzos de administración a las tareas específicas del Estado, que no, son precisamente la gestión de sociedades. El Gobierno de Aznar se inauguró con unas explosivas declaraciones del ministro de Industria en las que anunciaba alegremente que todas las empresas públicas se iban a Vender. El tiempo descifra los mensajes más enrevesados y matiza incluso los más atrevidos. Hoy, l4 meses después, está claro que este Gobierno no sólo no va a vender todas las empresas públicas, sino que parece dispuesto a demorar cuanto sea posible su salida de aquellos sectores que considera estratégicos para sus propios intereses. La privatización de Retevisión, la empresa a la que se ha asignado el papel de segundo operador de telefonía básica en España, confirma las reticencias del Ejecutivo a poner en práctica su teórico discurso a favor del sector privado y su resistencia a quitarse de en medio en el mundo de las telecomunicaciones. Mediante el concurso previsto ha vendido el 60% de Retevisión al consorcio formado por la compañía eléctrica pública Endesa y la italiana Stet, también controlada por el Estado en casi el 45%. Sin duda, las condiciones del concurso eran adecuadas, y el proceso de adjudicación, transparente; pero, por arte de birlibilloque, el denostado sector público, expulsado por la puerta grande de la privatización de Telefónica, se ha colado por la gatera y aparece ahora en la compañía creada para deshacer el monopolio de Telefónica, una empresa que preside Juan Villalonga por designación de su amigo José María Aznar, ratificada luego por los accionistas privados.

Es, verdad que Retevisión venderá su 40% restante de capital público el año próximo; pero, al menos durante los próximos tres años, el Estado tendrá mucho que decir en el segundo operador de telefonía a través de Endesa. El panorama de las telecomunicaciones en España va a resultar, antes y después del 1 de diciembre de 1998,bastante menos abierto de lo que deseaban quienes diseñaron el proceso de transición hacia el mercado libre. Por, una parte, Telefónica mantiene una red imbatíble de telefonía fija; tiene aseguradas -por decisión del Gobierno- unas tarifas telefónicas suficientes para garantizar su rentabilidad a partir de 1998 más allá de los efectos de un mercado libre que, en sus primeros años, no puede ser sino incipiente, y ha esterilizado buena parte de las posibilidades de competencia real con la integración en su consejo de British Telecom; enfrente, Retevisión mantendrá un cordón umbilical -todo lo delgado que se quiera-con el Gobierno al menos hasta el año 2001. Estamos, pues, ante un simulacro de mercado libre, una mistificación de la libre Competencia que este Gobierno tanto defiende... en los discursos.

Este esquema, menos transparente de lo deseado -aunque sólo los más ingenuos podían suponer que el mercado de las telecomunicaciones podía abrirse totalmente a la competencia en un año-, invita a temer que la liberalización fracase desde el punto de vista de los consumidores, bien porque finalmente se trate de un simple reparto de mercado entre dos empresas, sin más consecuencias, con lo cual las ventajas en materia de precios se limitarían a los grandes clientes, bien porque, en el futuro exista algún tipo de acuerdo o colusión entre ambas compañías. Es verdad que se ha anunciado que la presencia de Retevisión permitirá reducir las tarifas, hasta el 20%. Sin embargo, convendría precisar hasta qué punto las rebajas anunciadas de precios se deben a los descensos de tipos de interés más que a la competencia entre empresas y si desaparecerán cuando lo! tipos se estabilicen o aumenten.

La venta de Retevisión responde a la misma política que se . ha seguido en las privatizaciones, a mitad de camino entre la confusión de criterios y la presencia interesada del Gobierno o amigos del Gobierno en las empresas privatizadas o por privatizar. Sea por el deseo de mantener las buenas relaciones con el Ejecutivo, sea por la gran confianza que tienen los accionistas privados en la capacidad de Aznar y Rato para encontrar los presidentes idóneos en cada empresa, lo cierto es que tanto Repsol como Telefónica, las dos compañías públicas privatizadas totalmente por el Gobierno del PP, mantienen a los máximos ejecutivos designados desde el poder político. Parece más prioritario para este Gobierno formar su propia red de fieles empresarios en las compañías más importantes que promover la libre competencia. Los consumidores no se han beneficiado hasta ahora de la privatización de Repsol o Telefónica; es dudoso que obtengan alguna ventaja de la venta de Retevisión.