El juez decano quiere dedicar 20 juzgados a los pleitos sobre pisos
El juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, quiere que 20 juzgados de primera instancia de Madrid se dediquen en exclusiva a tramitar pleitos por asuntos relacionados con la vivienda (arrendamientos conflictivos, desahucios, incumplimientos de contratos...). "En mi opinión sería la única forma de evitar que un señor tarde dos o más años en recuperar su casa", dice el decano. La Comunidad de Madrid es la principal interesada en este proyecto. Uno de sus organismos oficiales, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), gestiona más de 90.000 pisos en la región y tiene múltiples problemas con sus inquilinos, a los que cobra alquileres que van desde las 200 a las 20.000 pesetas, que acaban en los tribunales de justicia.En los últimos años, muchas de las operaciones iniciadas por el Ivima (expropiación de terrenos, desahucios... ) se han empantanado en los juzgados.
Ejemplo: sacar a un okupa de una casa del Ivima no es fácil ni rápido. "En función del juzgado que nos corresponda, el desahucio puede resolverse en un mes o prolongarse durante más de un año", se queja Rosa Gracia, secretaria general del Ivima. "Sería ideal que se agilizaran las resoluciones judiciales por el interés de la mayoría de los vecinos afectados que esperan una vivienda", añade.
La idea del juez decano ha sido recibida con alborozo en la sede del Ivima. "Nos haría inmensamente felices que se dedicarán 20 juzgados a tratar en exclusiva los pleitos sobre la vivienda. Nuestro trabajo sería mucho más eficaz", señala Gracia. Los responsables políticos del Ivima han mantenido contactos este año con el juez decano para pedirle mayor celeridad en la tramitación de sus expedientes.
Los jueces son los únicos que pueden dictar la orden, pero están saturados de trabajo y no pueden atender, de momento, la solicitud de la administración regional.
El atasco en los juzgados de lo civil resulta ya endémico. Cada juez se ve obligado a asumir anualmente en torno a 1.300 procedimientos, 400 más del tope recomendado por el Consejo General del Poder Judicial.
Votación negativa
El Ivima acudió en 1996 a 250 juicios por casos relacionados con la gestión de su patrimonio
Tras la entrevista que Fenández Martín mantuvo con responsables del Ivima, que le transmitieron la necesidad de buscar una solución a las graves demoras que sufren los asuntos relacionados con la vivienda, el decano planteó su idea de especializar 20 juzgados en el seno de la Junta de Jueces de lo Civil. Pero no tuvo éxito. La junta no respaldó la iniciativa por un escaso margen de votos. Sólo asistieron a la votación 25 de los 54 jueces.El resultado fue de 11 sufragios negativos, seis a favor de la propuesta del decano y 8 abstenciones.
El decano pretende convocar una nueva junta y plantear de nuevo su propuesta. El temor al encasillamiento profesional fue uno de los motivos aducidos por los jueces contrarios a la medida.
El decano apuntó la posibilidad de que los jueces que ocupen los juzgados vacantes se dediquen a estas tareas. "La abstención fue muy importante y creo que vale la peña volver a plantear este tema", indicó Fernández. "Creo que hay que sensibilizar a la junta de jueces de lo civil para que colaboren y ayuden un poco en este asunto que tanto preocupa a los ciudadanos", añadió el decano.
Los responsables del Instituto de la Vivienda de Madrid creen que su gestión será más eficaz si los jueces se especializan en temas de vivienda y conocen en profundidad las características especiales del organismo regional. "Deben tener en cuenta que el Ivima no es Vallehermoso [promotora inmobiliaria privada]. No tenemos ningún ánimo de lucro, ni siquiera nos planteamos una gestión equilibrada desde el punto de vista financiera", apunta Rosa Gracia, secretaria general del Ivima.
"Sólo trabajamos para facilitar una vivienda digna a las clases más desfavorecidas de la sociedad", añadió Gracia.
Este organismo regional dispone de seis personas para atender su servicio jurídico. El año pasado, tuvieron que acudir a 246 juicios (contenciosos, civiles y penales), lo que perjudicó gravemente la gestión del Ivima, que se dedica al mantenimiento de las 90.000 viviendas de su patrimonio, expropia terrenos para construcción de nuevas casas y las construye para adjudicárselas a las familias con menos recursos económicos.
El Ivima se ha encontrado con que el rechazo de un vecino a abandonar su vivienda en un barrio donde tenía previsto construir centenares de casas, ha paralizado durante meses una promoción entera. "Si los jueces tramitan el desahucio con rapidez, no pasa nada. Pero si por cualquier motivo se retrasa, los perjuicios económicos y sociales son enormes", señala Gracia.
El Ivima no sólo pierde un tiempo precioso sino que, en ocasiones, debe pagar a las constructoras más dinero del pactado para la obra por los retrasos ocasionados como consecuencia de algún recurso judicial pendiente. Si los jueces echan una mano, dice Gracia, la gestión del Ivima será más fácil y las viviendas se levantarán más rápido.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
