La 'trama' Perote

EL TRIBUNAL Militar Central dictó ayer una sentencia en la que condena a siete años de cárcel y la pérdida de su condición de militar al coronel Juan Alberto Perote, jefe de la Agrupación Operativa del Cesid entre 1983 y 1991. El fallo debe ser acatado con satisfacción, puesto que castiga sin matices a quien robó y reveló documentos secretos, con los que se ha condicionado la vida política española en los últimos años. La rotundidad de la sentencia no aclara, sin embargo, algunos de los puntos oscuros que restan de emerger en el denominado caso Perote: se desvela el delito, pero no el móvil, más allá de un genérico "provecho" personal del condenado.El relato de los hechos probados explica minuciosamente cómo Perote se apropió de las microfichas del servicio secreto que contenían los llamados papeles del Cesid. Los argumentos del tribunal son contundentes para rebatir la inverosímil tesis del acusado de que se llevó los documentos "inadvertidamente": la sustracción fue el fruto de un plan premeditado, concebido con muchos meses de antelación, que incluyó la microfilmación de los informes y la destrucción de los originales, dos hechos de los que Perote no ha ofrecido una explicación creíble y que ocultó a sus superiores.

Para llegar al convencimiento de esa premeditación, el tribunal ha tenido muy en cuenta la declaración prestada el 8 de febrero de 1996 por el propio Perote ante el juez Garzón, a quien dijo que "evitó la destrucción" de los papeles más comprometedores sobre la guerra sucia "para la oportuna constancia en su momento". La práctica de Perote de dosificar declaraciones, a veces contradictorias, ante distintos juzgados ha acabado volviéndose en su contra. La sentencia constata que Perote no actuó guiado por "un móvil honroso o elevado, como pudiera ser evitar un mal o impedir la impunidad de hipotéticos delitos", sino que su actuación "revela un inequívoco interés personal de propio provecho individual". La pregunta que queda en el aire es qué "provecho individual" obtuvo Perote poniendo estos documentos a disposición del ex presidente de Banesto Mario Conde, quien los utilizó al servicio de su estrategia, Filtrándolos oportunamente, ¡cómo no!, al diario El mundo.

Si la sentencia explica cómo Perote robó los papeles del Cesid, no aclara, en cambio, por qué o para qué lo hizo. El tribunal pasa de puntillas sobre las razones que llevaron a la expulsión del agente secreto del centro, limitándose a reseñar el "deterioro" de su relación con el entonces director del Cesid, el general Emilio Alonso Manglano. Más clamoroso aún es el silencio sobre el' uso posterior de estos documentos en una operación de chantaje al Gobierno socialista en beneficio del ex presidente de Banesto Mario Conde.

El Tribunal Militar Central no aclara esta parte de la historia, posiblemente por el carácter restringido de

esta jurisdicción. Esta tarea corresponde a la justicia sin adjetivos. Este hecho nos reafirma en la opinión de que el conjunto del proceso hubiera debido corresponder a un juez ordinario, capacitado para desentrañar la trama civil de esta turbia historia. La sentencia en cuestión no pone fin al proceso, pues el abogado defensor ha anunciado su propósito de recurrir.

En el lado contrario puede pensarse que la pena es reducida, sobre todo a la vista de los términos extraordinariamente severos con que los jueces militares califican su conducta: "El procesado se hizo con las microfichas que contenían la información de manera premeditada, intencionada y maliciosa..., actuó con ánimo deliberado y propósito preconcebido...". El caso Perote tiene aún muchos cabos sin atar. Pero se acabarán conociendo para preocupación de quienes utilizaron los papeles del Cesid como método de chantaje al Gobierno de la nación, envolviéndose en la bandera de una operación de Empieza de la vida política.