El fiscal pide 127 años de cárcel y 900 millones a los máximos responsables del "saqueo" de Intelhorce

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 127 años de cárcel y más de 900 millones de multa para los seis máximos responsables del "saqueo" de la compañía textil malagueña Intelhorce, adquirida en 1989 al Estado por el empresario italiano Giovanni Orefici. El fiscal pide-también ocho años de inhabilitación especial para el ex director general de Patrimonio Luis Alcaide de la Rosa y el ex subdirector general Miguel Ángel Herrera Chamorro. En cambio, retira los cargos contra Francisco Zambrana Chico, antecesor de Alcalde, en aplicación del nuevo Código Penal.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, relata a lo largo de casi 200 folios el "vaciamiento patrimonial" de Intelhorce, por parte del empresario italiano que adquirió la empresa textil tras su privatización, apropiándose de los 5.869 millones que aportó el Estado para reflotarla."En el ánimo de los acusados Giovanni Orefici [presidente de intelhorce], Paolo Mario Orefici [hijo del anterior] y José Manuel Muñiz [secretario del Consejo de Administración] nunca estuvo el adquirir la empresa para asegurar y potenciar su mantenimiento, sino aumentar sus patrimonios personales y sanear otras empresas de las que eran titulares", afirma el escrito. "Por ello", agrega, "antes ya de que se efectuara la venta, actuaban a sabiendas de que no iban a cumplir ni uno solo de los compromisos asumidos y que, como consecuencia de ello, procederían a hacer suyos los fondos sociales [de Intelhorce] poniendo en grave peligro un importante número de empleos que, ante la descapitalización de la sociedad, necesariamente habrían de ser suprimidos. Tales circunstancias eran igualmente conocidas por los acusados Abel Arribas Fernández [asesor financiero] y Manuel Alejandro Márquez Espinar [avalista de la operación], quienes habrían de realizar actos sin los cuales el plan trazado no se habría podido llevar a cabo".José Miguel Moreno García, presidente de la compañía pública Improasa, fue el autor dé los informes oficiales, con datos falseados, que permitieron a Orefici hacerse con la empresa, aunque no tenía la solvencia y experiencia requerida para ello. Esta actuación le fue gratificada con 40 millones de comisión.

El Ministerio Público imputa a los pricipales acusados los delitos de estafa, cohecho apropiación indebida y fraude fiscal, entre otros, y pide 33,5 años de cárdel y 435 millones de multa para Orefici; 10 años y dos meses para su hijo; 32,5 años y 197 millones. para Muñiz; ocho años y dos meses y 80 millones para Moreno; 28,5 años y 197 millones para Arribas; y 14 años y dos meses para Márquez. Ninguno cumplirá más de 12 años de cárcel, que, es la pena pedida por el delito más grave. Los seis deberán indemnizar conjuntamente al Estado con 4.108 millones de pesetas, en concepto de responsabilidad civil.

Exonerado el Gobierno

Aunque el informe constata que la privatización de Intelhorce fue fraudulenta desde el principio, exculpa al Gobierno socialista, que la aprobó el 14 de julio de 1989: "No consta que ni la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ni los integrantes del Consejo de Ministros conocieran los pormenores de la operación".La aprobación del nuevo Código Penal, en el que ha desaparecido el delito de prevaricación negligente, ha llevado a la fiscalía a retirar los cargos contra Francisco Zambrana Chico, director general de Patrimonio durante la privatización de Intelhorce. En cambio, los mantiene contra su sucesor en el cargo Luis Alcaide de la Rosa y el ex subdirector de empresas y participaciones estatales Miguel Ángel Herrera Chamorro, quienes permitieron "que los nuevos administradores de la sociedad, pudieran disponer de una importante cantidad de dinero, proveniente del Tesoro Público, a sabiendas de que no la destinarían a los fines para los que estaba previsto".Entre los 31 acusados por el fiscal se encuentran, entre otros, el ex secretario general de la Sección Textil de UGT Celestino González Guerra y tres miembros del Comité de Empresa que pactaron un drástico ajuste de plantilla a cambio de beneficios personales.El fiscal cita como testigos al ex ministro de Economía Carlos Solchaga, al ex subsecretario Enrique Martínez Robles y al diputado del PSOE Carlos Sanjuán, entre otros.