La Audiencia dice que falló el control sanitario contra el clenbuterol

La Audiencia de Madrid ha absuelto a dos distribuidores de carne de vacuno cuyo consumo, en enero de 1995, provocó la intoxicación por clenbuterol de 136 personas que compraron hígado tratado con este producto en mercados de Madrid y Alcalá de Henares. El tribunal reprocha a las autoridades sanitarias regionales la inexistencia en 1994 de controles sanitarios válidos, lo que probablemente hubiese evitado la intoxicación.

El tribunal considera que hubo un delito contra la salud pública, pero que no está probado que los acusados, Adelardo M. y Francisco C., supieran que la carne estaba adulterada. De hecho, eran simples intermediarios. Los controles entonces existentes se ajustaban a la legalidad, pero eran de una insuficiencia "palmaria", indica la Sección Quinta de la Audiencia en su sentencia, publicada ayer.Las 136 personas intoxicadas habían consumido hígado de vacuno tratado con clenbuterol (un anabolizante que utilizan algunos ganaderos para engordar artificialmente a sus animales). La llegada de ese hígado hasta los mercados en que se distribuyó pudo haberse evitado si los controles sanitarios, que entonces se ceñían "a una inspección visual de la carne" por parte de veterinarios de la Comunidad de Madrid, hubiesen sido los adecuados. Recuerda el tribunal que fue tras esta masiva intoxicación cuando Sanidad reforzó las medidas anticlenbuterol.

Las dos personas absueltas eran directivos de la. empresa Bolaporc, que suministró el hígado adulterado a algunos de los mercados de abastos. Una de las imputaciones del fiscal contra ambos intermediarios era que Bolaporc carecía del preceptivo registro sanitario. Ciertamente era así. Sin embargo, indica el tribunal, de tal carencia no puede inferirse que "Ias instalaciones de la empresa fuesen deficitarias". De hecho, luego se le concedió la licencia.

El fiscal del caso intentó demostrar al tribunal, entre otras cosas, que ambos distribuidores estaban en connivencia con los ganaderos (que son lo que realmente pueden inyectar en los animales vivos ese anabolizante) y que conocían que los hígados estaban contaminados. No hay pruebas, dice el tribunal.

La vista oral contra ambos directivos se celebró hace dos semanas. El fiscal pedía dos años de cárcel para cada uno por delitos contra la salud pública y estafa. Ante el tribunal desfilaron algunas de las víctimas (que relataron los mareos, taquicardias y temblores generalizados que sufrieron nada más consumir el hígado e indicaron los puntos en que habían adquirido la víscera), así como técnicos sanitarios de la Comunidad.