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Derecho de asilo y acción democrática

La aventura angoleña del opositor guineano Severo Moto corresponde seguramente a un disparate político, sobre el que todavía existe, sin embargo, poca información. Pero la propuesta de revisión de su estatus como asilado político en nuestro país constituye una respuesta equivocada de suma gravedad. En primer lugar, de llevarse a cabo, significaría una violación tanto de las normas como de los usos y comportamientos democráticos internacionales. En segundo lugar, constituye un grave error político. Y en tercer lugar, aunque no el último en importancia, constituye una señal de alerta sobre los derroteros adoptados por la política española hacia Guinea Ecuatorial.El Gobierno español se batió recientemente por la limitación del derecho de asilo en el seno de la Unión Europea; es decir, entre países democráticos y embarcados en un proceso de unión política. Y, pese a ello, perdió la batalla, porque, de acuerdo con muchas voces, la Unión ha acabado primando la existencia de garantías de protección frente a eventuales arbitrariedades de países democráticos. En contraste, en este caso no puede existir ninguna duda sobre lo que significa el derecho de asilo. El régimen de Obiang constituye una dictadura que ha sido repetidamente condenada por sus violaciones de los derechos humanos y que ha sumido al país en una situación económica y social lamentable como resultado de la corrupción y avidez por el lucro del dictador y el núcleo dirigente reunido en torno a él.Plantear la revisión del estatus de asilado de Severo Moto, con motivo del hecho y carácter de sus actividades políticas contra la dictadura, es abandonar la lógica de la concepción democrática del derecho de asilo y sustituirla por el mercadeo político. España está legitimada, como cualquier país, a plantear qué actividades de los asilados estimula y cuáles desalienta o incluso prohíbe. Pero revisar el mismo asilo equivale a dar carta de legitimidad al régimen que ha provocado la petición de amparo. Además, sugerir al dictador que un derecho de este tipo puede resultar negociable parece, como mínimo, la peor de las pedagogías sobre la relevancia de los derechos humanos.

La idea de la revisión del asilo ha aparecido, además, envuelta en una actitud comprensiva hacia el Gobierno guineano, que parece basarse en la creencia de que ahora sí que va a existir un proceso de democratización. Desgraciadamente, esta idea no tiene ningún fundamento, y la adopción de este tipo de actitud constituye en sí misma un serio error político. En unos pocos años, Guinea Ecuatorial ha conocido unas elecciones legislativas, unas elecciones municipales y, finalmente, unas presidenciales. En el inicio de cada andadura electoral estuvo una supuesta actitud de verdadera reforma, y un apoyo político y financiero de España y de la comunidad internacional. Cada uno de los procesos resultó finalmente un auténtico fiasco, y fue conde nado por la oposición democrática, España y la comunidad internacional. Todos los progresos logrados en el camino (legalización de partidos, reducción del número de presos políticos, ayuntamientos democráticos ... ) han sido literalmente arrancados y mantenidos a duras penas por la oposición. El Gobierno de Aznar no dispone de ninguna clave particular para transformar el carácter de la dictadura, y sí, en cambio, una peor situación para presionar a favor de la democratización real. La confirmación de la existencia de importantes reservas petrolíferas, así como la antidemocrática derrota impuesta a la oposición en las últimas elecciones presidenciales, han provocado una inflexión en la correlación de fuerzas favorable a la dictadura. Actitudes transigentes con la falta de democratización sólo tendrán la virtualidad de afianzar el Gobierno dictatorial. Bastará esperar unas pocas semanas para que quien lo desee pueda comprobar el rastro de la nueva "actitud" pública española en un incremento de las provocaciones a los partidos democráticos, detenciones de militantes demócratas, malos tratos y un largo etcétera de violaciones de derechos humanos.

El hecho acontecido supone una señal de alerta sobre el estado de confusión e inoperancia alcanzado por la política española hacia Guinea Ecuatorial, y plantea la necesidad de una reflexión urgente por parte de todos. Ésta es la primera vez que Guinea Ecuatorial salta a la luz pública, tras el cambio gubernamental producido en nuestro país. Y los acontecimientos han revelado que no hay política definida hacia Guinea Ecuatorial, que no hay siquiera discusión de planes y que, sobre todo, no existe ninguna traducción práctica de la orientación de consenso en política exterior que los principales partidos (Gobierno y oposición) dicen defender. De hecho, ésta es una tendencia que viene de más lejos. Ya el ensimismamiento y la falta de reflejos de los partidos españoles con motivo de las últimas elecciones españolas, así como sus enfrentamientos, fueron aprovechados por Obiang para llevar a cabo, sin apenas contratiempos, su farsa electoral presidencial.

Pero es precisamente ahora cuando es más necesaria una política coherente. Por una parte, el dictador juega a consolidarse apoyándose en las nuevas perspectivas de ingresos para el régimen, basados en la falta de escrúpulos democráticos y sociales de las compañías petroleras. Por la otra, el ejemplo zaireño recorre el continente africano estimulando la idea de que es posible desprenderse de algunos dictadores con acciones armadas y apoyos bien elegidos. El futuro de Guinea Ecuatorial parece así aprisionado entre el fatalismo de la continuidad del desastre político y social de la dictadura y el peligroso espejismo de la virtualidad de la violencia. Si España quiere contribuir a la democratización de Guinea debería diseñar una política activa, basada en el consenso, que incluya tanto las exigencias democráticas al régimen como la ayuda a la consolidación de las fuerzas de la oposición. La consolidación de estas fuerzas, que conllevará la desaparición de tentaciones aventureras, forma parte de las condiciones para un futuro democrático de Guinea Ecuatorial.

Juan María Bandrés es abogado.

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