Padres de 'okupas' piden despenalizar la toma de casas ante el Congreso

Una treintena de padres de los 158 okupas y simpatizantes detenidos el pasado 10 de marzo durante el desalojo de una fábrica textil en La Guindalera (distrito de Salamanca) se concentraron ayer delante del Congreso de los Diputados para solicitar que se despenalice la toma de edificios abandonados. El Código Penal vigente castiga la okupación como "usurpación de vivienda" (artículo 245), con multas de 3 a 18 meses de arresto, según se utilice o no la fuerza para asaltar el inmueble. El anterior código no incluía esta posibilidad.Los padres avalaron su petición con 3.000 firmas y con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En su momento también Jueces para la Democracia reclamó que se despenalice la okupacion por considerar que no se trata de un delito, sino de un problema social provocado por los elevados precios de la vivienda en las grandes capitales y la existencia de numerosos pisos y edificios vacíos.

Estos progenitores se constituyeron en asociación tras el desalojo de La Guindalera por considerar que se habían producido abusos policiales durante los dos días largos (casi tres en algunos casos) que los 158 jóvenes permanecieron arrestados. Ya presentaron sus quejas hace un mes ante el Defensor del Pueblo.