La fiscalía, no pide medidas cautelares contra Jesús de Polanco porque no encuentra motivos

El fiscal Ignacio Gordillo no solicitó ayer tarde ningún tipo de medida cautelar contra Jesús de Polanco en la querella contra Sogecable, por no existir motivo a la vista de lo actuado. El juez Javier Gómez de Liaño decidió a continuación darse un plazo de 72 horas a fin de reflexionar antes de decidir sobre la situación personal de Polanco, para el que los abogados de los querellantes habían pedido medidas que van desde la prisión incondicional hasta fianzas multimillonarias.El fiscal Gordillo, en la sesión de la mañana, había sugerido que se tomaran medidas "reales", no personales. Pero durante la tarde, después de varias horas de declaración de Polanco, modificó su postura y manifestó que no pedía ninguna medida cautelar, atendiendo al criterio del fiscal general del Estado y a su propia convicción. Una nota hecha pública por el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, añadía que él mismo comparte esa convicción de que "a la vista de lo actuado no es procedente la adopción de ninguna medida cautelar de carácter personal". La nota se produjo después de que Gordillo leyera durante la comparecencia de ayer parte de un oficio de la Fiscalía General en el que se le instaba a no solicitar medidas. La defensa de Polanco explicó que la actitud de la Fiscalía era lógica, habida cuenta de que, sin duda, no encontraba ningún indicio de delito después de analizar detenidamente la documentación del tema. Los querellantes, por su parte, llegaron a sugerir que el fiscal general podía haber cometido un delito de prevaricación al redactar el citado oficio.

Durante su interrogatorio de ayer a Polanco, el magistrado Gómez de Liaño realizó una serie de preguntas encaminadas a averiguar el origen de algunas filiales de Sogecable y de compañías que representan a los accionistas de la misma. Se interesó, así, por Enrique Sarasola, cuya financiera trabajó en un principio para Canal Plus Francia en la búsqueda de inversores españoles para su proyecto en nuestro país. Las características de ese interrogatorio, amén de las preguntas que se permitió hacer a los querellantes, llevaron a la defensa a la conclusión de que se pretendía abrir una auténtica "causa general" contra Jesús de Polanco y Sogecable.

Un abogado de los querellantes declaró que, a su juicio, toda la reponsabilidad de los hechos recaía sobre "Polanco y su consejero delegado" [Juan Luis Cebrián], por lo que sugirió que podían retirar las acusaciones contra los accionistas representantes de instituciones bancarias, a las que dijo "habían engañado".

Los defensores de los bancos acusados (BBV, Bankinter, Corporación Alba y Caja Madrid), así como los de Canal Plus Francia, mostraron su absoluto respaldo a las actividades de la compañía y al propio Polanco. Afirmaron que todas las cuentas reflejan la imagen fiel de Canal Plus y Sogecable; negaron haber sido engañados y añadieron que se sentían orgullosos de participar en un proyecto empresarial de tanto éxito.

Un miembro de la defensa declaró anoche a EL PAÍS que esperan el archivo de la causa, a la vista de la decisión tomada por el fiscal, el informe de los peritos y la inexistencia de pruebas de delitos durante los cuatro meses que lleva la instrucción del juez Gómez de Liaño.

Preguntas del juez. El juez Javier Gómez de Liaño comenzó la sesión de la mañana volviendo a interrogar a Jesús de Polanco sobre las cuentas de Canal Satélite y Sogecable, porque de su examen durante el fin de semana -dijo- había advertido un desfase de 1.000 millones. Polanco le explicó que se refería a una ampliación de capital que el juez había pasado por alto. Liaño volvió a referirse a la concesión de Canal + y a la presencia de Jorge Semprún en el Gobierno que dio la licencia -como ministro de Cultura-, y a la participación de otros socios en la compañía.

Intervención del fiscal. Al acabar el interrogatorio se celebró el trámite de audiencia previsto en la ley -la conocida como vistilla-, en la que el fiscal Ignacio Gordillo leyó parte de las instrucciones recibidas del anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, y ratificadas por su sucesor, Jesús Cardenal. En el escrito remitido por el fiscal general se dice en uno de sus párrafos: "No deduciéndose de lo hasta ahora actuado los presupuestos constitucionales y legales suficientes habilitantes para la adopción de medidas cautelares de carácter personal, por parte del Ministerio Fiscal no se solicitará medida alguna de tal naturaleza y se opondrá a las que puedan solicitar otras partes. Si del contenido de las declaraciones o de otras diligencias que se practiquen surgiesen nuevos elementos que pudieran afectar a la anterior consideración deberá consultarse a esta Fiscalía General para la modificación del criterio".

Gordillo, como especificaba la orden recibida, dijo que no solicitaba ninguna medida cautelar de carácter personal contra Polanco, pero añadió que lo hacía por convicción personal.

No obstante, en una intervención calificada de contradictoria por parte de las defensas, Gordillo se refirió a la necesidad de que la decisión sobre Polanco fuera congruente con las otras medidas adoptadas por el juez el pasado mes de mayo -en referencia a la fianza de cinco millones de pesetas impuesta al auditor José Antonio Rodríguez Gil y a otras medidas contra los consejeros Leopoldo Rodés y Carlos March- Gordillo dejó así abierta la puerta la imposición de medidas cautelares reales (las económicas). Por la tarde, Gordillo, en respuesta a las críticas de la defensa, matizó su Posición y explicó que no pedía medida cautelar alguna.

Explicación de Fungairiño. Ante la posición equívoca de Gordillo, su inmediato superior, el recientemente nombrado fiscal ' jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, hizo pública una nota. En ésta se señalaba que el fiscal general "no ha establecido prohibiciones al fiscal de la Audiencia Nacional en relación con la situación de las personas llamadas a declarar en dicha investigación", sino que ha recordado la necesidad de dar cuenta, prevista en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El comunicado de Fungairiño agregaba: "El fiscal Ignacio Gordillo ha expresado en la comparecencia prevista en el artículo 504 bis dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal su propia convicción, compartida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de que, en el presente caso y a la vista de lo actuado, no es procedente la adopción de ninguna medida cautelar de carácter personal".

Querellantes. Tras la intervención de Gordillo, los acusadores reclamaron diversas medidas cautelares. El acusador popular, Juan Francisco Franco, abogado del querellante Javier Sainz Moreno, pidió para Polanco una' fianza de 25.000 millones para eludir la prisión. Este letrado, además, reclamó que la cantidad fuera abonada por Canal +. Benito Garrido, abogado de dos abonados a este canal de pago, pidió la prisión incondicional o alternativamente una fianza similar a la reclamada por Franco.

José María Stampa Braun, abogado de Jesús Cacho, -colaborador de El Mundo, Época y la COPE- dejó a criterio del juez la cuantía de la fianza a imponer. Manuel Murillo, representante legal de dos abonados, solicitó 1.000 millones de fianza para eludir la cárcel y 35.000 millones como responsabilidad civil. Juan de Rojas, letrado de otros abonados, reclamó idénticas peticiones que Murillo, mientras que Rita Longares, que representa a su procuradora, no solicitó medidas.

La defensa. El letrado Horacio Oliva dijo que en este proceso se sigue una causa general contra Sogecable, y que se habla de todo menos de Derecho Penal. Negó que se dieran los requisitos de la apropiación indebida; dijo que no hay dañados, puesto que "todos los perjudicados están aquí, y son ocho", y el resto, hasta más de 1,4 millones de abonados, ven su televisión sin problemas.Oliva también se refirió a la legalidad del reparto de dividendos; a la inexistencia de delito de estafa puesto que la bajada del IVA se repercutió en los abonados; y a que el delito societario es imposible de aplicar puesto que se introduce en la legislación en 1996. Oliva, que pidió el archivo de las diligencias, recordó que el fiscal de la causa, Ignacio Gordillo, tenía instrucciones de no pedir medidas cautelares en base a la inexistencia de delitos, y que la imposición de una fianza sería siempre una medida cautelar, puesto que en el caso de que no se pagara la fianza, supondría el ingreso en prisión.

González Cuéllar señaló que los querellantes eran muy voluntaristas por tratar de encontrar delito donde no lo hay. Señaló que las peticiones de las acusaciones contra Polanco -que iban desde la petición de prisión a la imposición de fianzas multimillonarias, que en algún caso alcanzaban los 25.000 millones- no están justificadas porque ni hay apropiación indebida, ni falsedad ni estafa.

Matías Cortés insistió en que no existe alarma social ni escándalo público en este caso, como había señalado uno de los acusadores, porque en los cuatro meses que se llevan de proceso" ningún abonado, a excepción de los ocho allí representados, se había sentido perjudicado. Cortés recordó al fiscal que estaba allí para impedir que se persiga a quien no ha cometido delito.

Abogados de los bancos. A continuación intervinieron los letrados del Banco Bilbao Vizcaya, Corporación Alba, Bankinter y Canal + Francia, para mostrar el absoluto respaldo de sus representados a las actividades de la compañía y al propio Polanco. E insistieron en que todas las cuentas reflejan la imagen real de la sociedad; que no han sufrido engaño alguno; que tomaron parte en todas las decisiones; y que están orgullosos de ser socios en una compañía tan rentable. El abogado de Bankinter manifestó que "en mi vida he visto un proceso tan infundado y tan injusto".

José Luis Segimón, también del BBV, se preguntó cómo se podían pedir medidas cautelares en base a una supuesta insolvencia de la sociedad, cuando es la primera compañía del mundo, "más solvente que el reino de España" la que ha firmado un seguro de garantía para todos los abonados. "No se puede mantener abierto este proceso ni un momento más por falta de delito y de jurisdicción", añadió. Los abogados de Canal + Francia, Bankinter y Corporación Alba (Carlos March) insistieron en la legalidad de todas y cada una de las actuaciones de la compañía.