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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Temor salarial

EL VICEPRESIDENTE Rato ha salido a la palestra para reprobar las subidas salariales "muy por encima de la inflación" y recordar con severidad que tales incrementos son incompatibles con la estabilidad de la economía y con la reducción de impuestos que el Gobierno anuncia. Rato tendría razón si fuese una tendencia exagera da, o si hubiese tenido una sensibilidad similar ante los espectaculares beneficios en las bolsas, dentro de la burbuja financiera que estamos viviendo.Pero el tono y el momento convierten su llamada de atención en precipitada: aunque hoy existe una diferencia entre la tasa interanual de inflación (1,5%) y el aumento medio pactado de los salarios (3,1%), sería injusto atribuir tal distancia a un comportamiento irresponsable de los sindicatos. En términos generales, éstos han respetado la moderación salarial.

Es más exacto atribuir el desajuste entre precios y salarios al fenómeno, inusual en España, de la caída rápida y en picado de la inflación. Un descenso tan acelerado del IPC como el de 1996 y 1997 ha suprimido los puntos de referencia estables para los aumentos salariales. La economía española tiene los salarios indiciados con la inflación prevista, 'inicialmente fijada en el 2,6% para este año, después reducida al 2,2%. Cuando la inflación real es muy inferior a la prevista, se da esa diferencia, que probablemente será recortada en ejercicios futuros debido a la rigidez temporal con que se negocian los convenios y a la ausencia generalizada de cláusulas que tengan en cuenta la hipótesis, hoy muy real, de caídas vertiginosas de los precios.

Forma parte de la ortodoxia generalmente admitida que para mantener niveles bajos de inflación, compatibles con los objetivos de Maastricht, los crecimientos salariales deberán ajustarse al IPC real. Sin ese acompasamiento será difícil mantener tasas de inflación homologables a las europeas. Las apelaciones a la moderación salarial, en este caso, no responden a las tradicionales políticas ultraliberales, que pretenden siempre recortar los precios rebajando previamente los salarios. La situación es la inversa; la disminución de los precios hasta tasas europeas se ha conseguido previamente, en parte por un proceso de moderación salarial anterior, en parte por la sensata política monetaria del Banco de España, que ha mantenido en todo momento los tipos de interés a una distancia prudente de los tipos alemanes.

Por otra parte, la preocupación del Gobierno por los salarios resulta paradójica, cuando los directivos y los consejos de las grandes empresas que no hace demasiado eran públicas (léase, por ejemplo, Telefónica) se han elevado considerablemente los sueldos, o cuando la Agencia Industrial del Estado, que agrupa empresas públicas con pérdidas, firma un preacuerdo -no ratificado, pero que ha levantado ampollas por su inoportunidad- con los sindicatos para aumentar los salarios de sus empleados. Sería deseable, además, que el equipo económico aclarase a los ciudadanos si es partidario de abrir o de cerrar el abanico salarial. Ésta es hoy la cuestión que se debate en Europa, porque la indiciación de los salarios está asumida por los agentes sociales.

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