Los socialistas proponen redefinir las competencias de la Audiencia Nacional

Los socialistas aprobaron en este congreso proponer una redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional y revisar la figura de la acusación particular, entre otras medidas relacionadas con la justicia. La semana laboral de 35 horas, la reintegración de las plusvalías en la estructura de un impuesto progresivo y nuevas políticas de empleo son las iniciativas más importantes en materia económica.

Estos acuerdos de los congresistas se complementan, en el terreno político, con medidas como la creación de un código ético, el establecimiento de elecciones primarias para la nominación de candidatos a alcaldes de las grandes ciudades y nuevas fórmulas para la financiación de los partidos.Reformas en la justicia.

- Atribuir al ministerio fiscal la instrucción de los procesos penales y modificar su estatuto orgánico, de manera que se defina de manera clara su posición institucional.

- Medidas necesarias que permitan la plena aplicación del Código Penal, regulando un régimen de recursos que haga efectivo el derecho a la segunda instancia.

- Nueva regulación de la acción popular que evite la profesionalización y el abuso de la misma, impidiendo su utilización cuando carezca de fundamento.

- Redefinir las competencias de la Audiencia Nacional, que mantendría la competencia sobre los casos de terrorismo, pero trasladando la competencia sobre otras materias a los órganos que proceda de los distintos tribunales superiores de justicia.

Reintegrar las plusvalías en la estructura de un impuesto progresivo. Los socialistas se comprometen a gravar todas las rentas, con independencia de su procedencia, en función de la capacidad de pago de sus perceptores. Asimismo, apuestan por los sistemas progresivos de tributación directa y universal como instrumento de "una política fiscal justa".

Políticas activas de empleo. Es una de las resoluciones más importantes. Su objetivo es integrar en el mercado de trabajo a personas excluidas y facilitar la intermediación del mismo. Entre ellas se defiende:

- La formación profesional, garantizando la igualdad en el acceso, con una mejor coordinación entre sus componentes y una mayor adecuación de la oferta formativa a las necesidades y requerimientos del sistema productivo.

-Una mejora de los servicios públicos de empleo que propicie la descentralización territorial de los mismos y convirtiéndolos en auténticos gestores de colocación.

- La coordinación de las políticas pasivas de protección al desempleo con las políticas activas de promoción del empleo y de intermediación.

- Favorecer la movilidad geográfica en el mercado de trabajo mediante medidas de apoyo de las Administraciones públicas y a través del diálogo social.

- El fomento del autoempleo y del empleo en las cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de economía social.

- Favorecer el proceso de creación de empleo en las pymes, mediante apoyos institucionales específicos.

- Apoyo al trabajador autónomo, adaptando la legislación vigente, en especial al trabajo autónomo a tiempo parcial.

- La adopción de medidas legislativas que tiendan a aflorar la economía sumergida.

- Fomento de la artesanía para favorecer la integración en el tejido económico de una actividad que ocupa a miles de españoles.

- Desarrollo de las escuelas taller y casas de oficio, extendiendo su ámbito a personas de mayor edad cuyos oficios han dejado de tener demanda en el mercado.

- Desarrollo de las políticas de acción positiva en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, estimulando la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo en condiciones estables y estableciendo planes especiales de fomento de empleo de las personas de mayor edad, parados de larga duración y minusválidos.

- Evitar los posibles abusos sobre los trabajadores desempleados que pudieran cometer las nuevas empresas de trabajo temporal o las empresas de colocación.

Semana de 35 horas. La propuesta trata de aproximar el tiempo laboral hacia las 35 horas semanales. Introduce algunas condiciones, como el mantenimiento de la relación entre tiempo de trabajo y empleo y evitar el perjuicio sobre la productividad.

Reacción tardía ante el GAL. Una enmienda introducida a última hora lamenta "no haber percibido de inmediato el daño que podía producir la tardanza en responder a actos contrarios a la ley que, sin embargo, generaban silencios, simpatías y complicidades".

Corrupción. Una resolución admite que el PSOE actuó con "lentitud y falta de determinación y rigor" ante los casos de corrupción protagonizados por "gentes que se ampararon en nuestras propias siglas y traicionaron la confianza que les habíamos otorgado".

Financiación de partidos. Proponen una nueva regulación que sea transparente y pública, a fin de que los ciudadanos conozcan los ingresos y gastos de las formaciones políticas y quiénes y en qué cantidades contribuyen a su financiación, con un control interno y externo del Tribunal de Cuentas.

Elecciones primarias. Los principales candidatos electorales socialistas serán sometidos a unas elecciones primarias entre los militantes. Esta medida se aplicará progresivamente, empezando por los candidatos a alcalde en las principales ciudades. Más adelante se extenderá también a los candidatos a presidente del Gobierno central y a presidentes de las comunidades autónomas. El congreso desechó la idea de poner límites a la duración de los mandatos orgánicos o electorales. Sólo se limitó a recomendar que no se eternicen.

Consejo Territorial. Órgano consultivo de nueva creación integrado por los secretarios generales de todas las federaciones socialistas de nacionalidad o de región. La resolución del congreso sobre el modelo de partido reza textualmente: "Para incrementar la agilidad y eficacia de la ejecutiva federal, parece lo más adecuado reducir su número y crear un órgano intermedio entre la ejecutiva y el comité federal que ejercerá la función de representación territorial".

Código ético. El PSOE ha adoptado el Código Ético del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Esta norma considera incompatible el desempeño de todo cargo orgánico o público, electo o de designación, con la propiedad o la dirección de empresas que tengan relaciones mercantiles con la Administración o con empresas públicas. Se obliga a los afiliados a poner sus cargos a disposición del partido si son procesados.