Sólo un 10% de los vecinos previstos pide la 'amnistía' del Ivima
La amnistía para ocupantes irregulares de pisos públicos no está dando por ahora los frutos esperados. Sólo una décima parte de los vecinos previstos ha solicitado acogerse a este proceso dirigido a inquilinos en situaciones anómalas de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad.El número exacto de arrendatarios del Ivima en situación irregular (compras fraudulentas, subrogaciones bajo cuerda) nunca se ha conocido, pero las estimaciones del Gobierno regional hacían referencia a unas 15.000 familias en todo Madrid, con especial incidencia en barrios como San Blas. Y sólo 1. 592 han iniciado los trámites para legalizar su situación.
La directora general de la Vivienda de la Comunidad, Amalia Castro-Rial, explica que el proceso es largo y que topan con casos peculiares. Primero hay que intentar localizar al primitivo titular de la vivienda y después arreglar la situación del nuevo.
La amnistía comenzó en 1995 y desde entonces han existido tres convocatorias que afectaban a 39 vecindarios, la mayoría construidos por el Ministerio de la Vivienda en régimen de acceso diferido a la propiedad (el inquilino paga unas 300 pesetas mensuales durante medio siglo y al final se convierte en propietario)
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