Absueltos un ginecólogo y una psicóloga del delito de aborto

Un ginecólogo y una psicóloga de una clínica coruñesa en la que se realizan interrupciones del embarazo han sido absueltos por la Audiencia Provincial del delito de aborto que les imputaba el ministerio público. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Galicia, Ramón García Malvar, había solicitado un año de prisión y otro de inhabilitación para cada uno de los profesionales, a pesar de reconocer que la operación se había producido dentro de los supuestos legales, en concreto el de peligro para la salud psíquica de la madre.

El fiscal sostenía que la psicóloga, María Fernanda Gabín Iglesias, no podía legalmente emitir un informe médico que acreditase el peligro para la salud psíquica de la gestante si llevaba a término el embarazo. Asimismo consideraba que el informe ginecológico previo a la operación tendría que haberlo elaborado un médico distinto del que lo realizó, el acusado Eduardo Cobelo López.

La sentencia del Tribunal establece que "no cabe sino considerar que los abortos permitidos por la ley son aquellos en que concurren las indicaciones terapéuticas criminológicas o eugenésicas [peligro para la salud, violación o malformación], quedando fuera de la norma los que no obedezcan a esas causas". Guillermo Díaz, abogado del ginecólogo consideró ayer "muy importantes" las consecuencias de la sentencia, "al llenar una cierta laguna del nuevo código penal, que parecía permitir el absurdo de que se pudiese castigar penalmente a los autores de un aborto realizado dentro de la ley".

La paciente, M. M. B. L. tenía 17 años en febrero de 1990, cuando decidió abortar. Entre las causas del trastorno afectivo que sufría estaban las amenazas que recibía de su compañero M. A. L. F., que fue precisamente el autor de la denuncia. Pese a que el juez instructor decidió archivar el caso; el ministerio público insistió en recurrir el sobreseimiento.

Asistentes al juicio

A la vista oral del juicio celebrada el pasado día 10 asistieron unas 200 personas, convocadas por distintas organizaciones feministas y profesionales, así como varias personalidades de la vida política.Entre ellas, vistiendo la toga de abogada, destacó la diputada de Izquierda Unida, Cristina Almeida, que al final de la vista mostró su asombro por cómo "el ministerio público sigue las tesis de un individuo [el acusador M. A. L. F.] que debería estar en la cárcel o al menos ser juzgado por amenazas". M. A. L. F. fue precisamente el único testigo que no compareció en la vista oral.

Además del judicial, la historia de la acusada tiene otro epílogo: un año después de haber abortado quedó de nuevo embarazada de M. A.L.F. Pero, en esta ocasión, se decidió a contárselo a sus padres, optó por tener el hijo y romper, definitivamente, con su compañero.