Guatemala: ¿de la guerra a la impunidad?

"En este país condenar a un miembro de las fuerzas de seguridad puede significar la muerte para un juez. Alguien dijo que la guerra en Guatemala ya no está en la montaña, está en el sistema de administración de justicia". Esta afirmación de la juez María Eugenia Villaseñor subraya el mensaje de la campaña emprendida por Amnistía Internacional (Al) sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala tras la firma de la paz después de 36 años de guerra. Es preciso algo más que la firma de unos tratados para terminar con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que el Gobierno tome medidas para proteger los derechos fundamentales y acabar con la impunidad.La protección de los derechos humanos en Guatemala está en el filo de la navaja. Según lo que pase con varios procesos emblemáticos y con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se sentarán las bases para una sociedad donde reine la justicia o la impunidad.

La impunidad acecha sobre las víctimas del pasado y del presente, en un clima social lleno de violencia, expresado en el apoyo a la pena de muerte, los linchamientos populares (uno cada cuatro días, según estadísticas recientes) o la aparición diaria de cadáveres con signos que recuerdan campañas de limpieza social.

Una situación que está frustrando la esperanza que los Acuerdos de Paz trajeron a un país acostumbrado a la represión desde que el Ejército, apoyado por el Gobierno de EE UU, diera en 1954 un golpe de Estado contra el Gobierno democrático presidido por Jacobo Arbenz.

Desde entonces, las fuerzas armadas y sus fuerzas auxiliares fueron responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con la excusa de la guerra. Un millón de campesinos, la mayoría indígenas mayas, se vieron forzados a huir de sus hogares para no acabar en alguno de los centenares de cementerios clandestinos.

Las violaciones de derechos humanos no terminaron con la instauración de un Gobierno civil en 1986, ni siquiera con la entrada en vigor del Acuerdo sobre Derechos Humanos en 1994. Aunque más selectivas, continuaron las ejecuciones extrajudiciales, y se incrementaron las amenazas y otras formas de hostigamiento contra los empeñados en la defensa de derechos fundamentales.

El problema de la justicia

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, a mediados del año pasado, ha descendido el número de nuevos casos, pero sigue sin resolverse el problema de la justicia, del derecho del individuo a que los abusos cometidos por las autoridades sean resueltos en un tribunal. Ni en el pasado, ni en casos más recientes, como la matanza de 11 retornados en Xamán, de los trabajadores de la finca San Juan el Horizonte, o de personajes tan conocidos como Myrna Mack o Jorge Carpio, o los presuntos casos de limpieza social, sobre los que apenas hay investigación oficial.Una de las claves de todo el proceso será el establecimiento de una verdad que en buena parte descansa en los huesos de los cementerios clandestinos, cuya exhumación está resultando objeto de todo tipo de trabas, incluidas las amenazas de muerte.

Guatemala está, sin embargo, comprometida con la verdad, que está buscando mediante dos procesos: el proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), auspiciado por el arzobispado, y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, instituida por los acuerdos de paz, con un mandato por el que no podrá nombrar a los culpables de violaciones, ni emprender acciones judiciales en función de sus conclusiones.

El cumplimiento de los derechos a la verdad y a la justicia está lleno de minas. Una de las últimas es la Ley de Reconciliación, que pretende eximir de responsabilidad penal a soldados y guerrilleros por delitos conexos con el enfrentamiento armado. El texto final de la ley excluye de dicha exención a los casos de desaparición forzada, tortura y genocidio. La pelota va a estar en muchos casos en manos de los jueces, que tendrán que decidir caso a caso si aplican o no la exención.

La falta de voluntad política de las autoridades se manifiesta en la negligencia estatal cuando se trata de investigar violaciones de derechos humanos, en su incapacidad para facilitar los recursos que aseguren investigaciones adecuadas y en la complicidad o la aquiescencia de los agentes del Estado con sus compañeros acusados de violaciones de derechos humanos. El resultado es la obstrucción deliberada de las actuaciones judiciales, las amenazas y más violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha propuesto 10 medidas para acabar con la impunidad. Las personas interesadas en colaborar con esta campana pueden informarse en Al, teléfono + 34-1-531 25 09, fax + 34-1-531 71 14.