Se desvanece el plan para castigar a los agricultores franceses

La batería de propuestas para dotar a la Comisión Europea de una capacidad sancionadora, como consecuencia de la indignación suscitada por los ataques impunes de los agricultores franceses contra productos españoles, se ha desvanecido con la misma facilidad con que el tema ha desaparecido de las primeras páginas de los diarios y los informativos de radio y televisión. La propuesta del comisario italiano Mario Monti, apoyada por el español Marcelino Oreja, no ha entrado en la última versión del tratado por falta de apoyo entre los Estados comunitarios, reacios siempre a conceder más poderes a la Comisión.España, al ser la principal víctima de unos ataques que se repiten año tras año, movilizó a sus ministros, y tanto el de Exteriores, Abel Matutes, y sobre todo la de Agricultura, Loyola de Palacio, se expresaron en términos inequívocos. De Palacio llegó a pedir el veto español a la reforma del tratado si no se recogía ese cambio. No todo el mundo, incluso en España, estaba de acuerdo con dotar de mayores poderes a la Comisión, y se recordaba que, en caso de prosperar la iniciativa, la Comisión podría sancionar al Estado español si no permitía la circulación de los descodificadores que ya se venden en toda Europa, sin esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

En el fondo de esta polémica late una sorda lucha por el poder en la futura Europa, que se ventila soterradamente en esta cumbre. Y la lucha más dura se centra en tomar decisiones que afectan directamente a los presupuestos de los Estados miembros, o a sus políticas fiscales, de seguridad social, empleo o fondos estructurales; en el debate sobre el futuro número de votos que debe tener cada país con vistas a la ampliación, y en la necesidad de abandonar la unanimidad y pasar a la mayoría cualificada en el proceso de adopción de decisiones para avanzar sin que un par de países lo frenen todo.