Las cajas temen que la ley valenciana rompa el equilibrio de poderes en los órganos de decisión

La ley aprobada el pasado miércoles por las Cortes valencianas ha provocado preocupación en el mundo de las cajas. Fuentes de estas entidades estiman que rompe el tradicional equilibrio de poder en los órganos de control. El texto, elaborado e impulsado por el PP, concede al poder político directamente un 56% de la representación en las cajas. La mitad de esa representación la puede ejercer por mayoría simple quien controle el Parlamento. En el resto de las comunidades, sólo en Cantabria la representación política directa es mayor (73%), aunque se designa por consenso.

La ley de cajas de la Comunidad Valenciana sienta un peligroso precedente. Éste es, al menos, el sentir general entre las cajas de ahorros consultadas. ¿Por qué? Por varias razones.En primer lugar, porque el proyecto impulsado por el Ejecutivo que preside Eduardo Zaplana supone poner en manos de un partido o dos coaligados, como es el caso en la Comunidad Valenciana, directamente el 28% de la representación en los órganos de gestión de las entidades, sólo por tener mayoría simple en las Cortes. En el citado porcentaje, si el partido mayoritario quiere, la oposición no podrá meter ni un sólo representante.

Ello, unido a la parte que le corresponda a ese partido o coalición del 28% de representantes que proceden de los ayuntamientos, les coloca en una situación de privilegio para controlar la entidad, dado que también tienen posibilidad de sumar representantes entre los restantes colectivos que tienen derecho a estar presentes en la asambleas, como los impositores, las entidades fundadoras o los sindicatos.

Caso único

Esta situación no se repite en ninguna otra comunidad. Tan sólo en Cantabria, la representación de órganos políticos (diputación y ayuntamientos) es superior. Alcanza el 76%, pero con la importante matización de que la representación es proporcional a la composición política de cada institución. Ello hace que exista un cierto equilibrio de poderes, incluso en este caso extremo.La norma en el resto de las comunidades es que la representación política directa no rebase el 40% y que ese porcentaje corresponda a representantes de los ayuntamientos, con lo cual es complicado que un partido político predomine.

En realidad, hasta ahora el peso de la representación en los órganos de control de las cajas siempre ha recaído en los impositores y las entidades fundadores, que son, de alguna manera, los dueños de estas entidades.

Ambos colectivos suelen ser mayoría en las asambleas de las cajas, con representaciones que oscilan entre el 55% y el 79% del total. Entre estos grupos también hay intereses políticos, pero su heterogeneidad y la forma de elección de sus representantes aseguran, salvo excepciones extremas, que no haya un control aplastante de una formación política concreta.

El esquema tradicional de reparto de poder de las cajas de ahorros está diseñado de tal manera que se logra un notable contrapeso político. Este contrapeso se traduce en que si hay cambios de signo político en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, éstos se reflejan progresivamente en los órganos de gestión de las cajas, pero sin que haya un vuelco. Una revolución cada cuatro años podría poner en peligro incluso la salud financiera de las cajas.

"Es este sistema de contrapeso el que se pone en peligro con la ley Zaplana. Con ella se está distorsionando la naturaleza de las cajas como entidades de interés social, con un reparto de poder en su órganos de decisión", señalan varios ejecutivos de cajas, que prefieren mantener su identidad reservada. "Además, la ley abona esa especie de estigma que nos persigue de que estamos totalmente politizados y de que la buena gestión está en la banca", agregan.

El sector también teme que Zaplana y el Partido Popular utilicen su nuevo poder para que las cuatro cajas de la Comunidad Valenciana (Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterránero, Caja de Ontinyent y Caja de Carlet) se conviertan en una especie de brazo financiero al servicio de la Generalitat. Las cuatro entidades suman un activo superior a los tres billones de pesetas.

El malestar generalizado en las cajas por esta ley se ha visto acompañado por cierta inquietud en el Banco de España y de protestas por parte de los sindicatos. La representación de los trabajadores en las asambleas de las cajas valencianas se ha reducido del 15% al 11 %.