Conde vuelve a la versión del tráfico de influencias

La primera denuncia, el 27, fue la percha. Vas y pides una orden de registro e intervención de documentos solamente con el argumento de que alguien ha mentido. Aceptarlo es demasiado para cualquier juez. Pero lo que hace, en cambio, es admitir la denuncia a trámite con un número determinado y repartírsela a sí mismo.Entonces, la denuncia más extensa, con la petición de una nueva comisión rogatoria. A espaldas de todos. Del fiscal y de los denunciados, que seguramente son también conspiradores y perseguidores de Mario Conde.

La denuncia se basa en una interpretación de hechos ya vertidos en el juicio oral y, cómo no, de informaciones del diario El Mundo sobre la participación de Antonio Navalón en la fusión de las eléctricas Hidrola e Iberduero en 1991.

"El trabajo que desarrolla el señor Navalón", afirma la denuncia, "es notoria mente conocido en los sectores financieros y económicos españoles. El señor Navalón carece de titulación académica alguna, habiendo sido hasta hace muchos años periodista".

Como ya lo insinuara a solas al juez Moreiras, el 11 de octubre de 1995, Conde utiliza ahora a su esposa para hablar de cohecho y prevaricación administrativa, involucrando una vez más a José María Benegas, secretario de Organización del PSOE en 1990 y 1991.

También se apoya en el ya citado periódico para señalar con el dedo índice al abogado Matías Cortés y recuerda las facturas cobradas por éste en la fusión entre Hidrola e Iberduero (entre los "personajes" que participaron) y las facturas cobradas por su colaboración con Navalón en Banesto.

La denuncia señala que los magistrados del tribunal consideraron no ciertas las declaraciones de Navalón y Selva y que, sin embargo, condenaron a Conde.

Conde, pues, afirma aquello que ha negado hasta ahora. "Una vez recibido el dinero pagado por Banesto [los 600 millones] ordenaron la disposición del mismo en la forma que tuvieron por conveniente, sin poder excluir, porque estamos absolutamente convencidos de ello, que se hayan efectuado pagos desde Argentia Trust a terceras personas que hayan colaborado con Navalón y Selva [ ... ] y sin poder excluir que parte de esos posibles pagos sean consecuencia de tráfico de influencia..."

La denuncia dice que ambos, Navalón y Selva, actuaron así para "amparar a terceras personas a las que han destinado el importe de la factura emitida por Argentia Trust evitando que se conociera su identidad para que no respondieran ante la justicia por sus delitos".

La denuncia pidió la comisión rogatoria, velozmente enviada por el juez Coronado a Zúrich, a fin de investigar "no sólo la comisión de un delito de falso testimonio, sino también, a tenor de lo expuesto, los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias". El fiscal jefe de Zúrich, Peter Cosandey, con rango de juez instructor, decidirá antes de final de junio si admite o no la nueva comisión rogatoria.