El Gobierno nombrará a dedo al 90% del personal de Defensa del Contribuyente
El Consejo de Defensa del Contribuyente, creado por un real decreto de 1996, amenaza con convertirse en un organismo de control político de las quejas de los ciudadanos por la pretensión del Gobierno de que sólo 30 de sus más de 500 funcionarios sean elegidos por concurso. Los demás (más del 90%) lo serán por la fórmula discrecional de la "habilitación". Los sindicatos han puesto el grito en el cielo al temer que se vulnere la neutralidad de la Administración en temas tan confidenciales como los fiscales.El Consejo de Defensa del Contribuyente es un organismo público de gran importancia y se prevé que tramite unas 600 quejas o reclamaciones mensuales de los ciudadanos. Dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, su ámbito comprende todo lo relacionado con los impuestos, el catastro, las loterías y, en general, los tribunales económicos.
La responsabilidad de este nuevo departamento recae en la Auditoría Interna, cuyo director es José Aurelio García Martín, un hombre de la máxima confianza del Ejecutivo y al que se apunta como posible sucesor de Jesús Bermejo en la Agencia Tributaría. Además, fue el primer director de Recursos Humanos de la misma.
Los sindicatos se han quejado al conocer la propuesta del Gobierno sobre su dotación de personal porque, aducen, vulnera la neutralidad que la Administración debe tener en algo tan serio como la gestión de asuntos confidenciales. Temen una posible manipulación de las reclamaciones ciudadanas por la arbitrariedad en la designación de los funcionarios que las atenderán.
Al Consejo de Defensa del Contribuyente se le asigna, según el real decreto, una unidad operativa de más de 500 empleados públicos para hacerse cargo de las ventanillas de las más de 450 administraciones de la agencia. Los funcionarios serán reclutados, con comisiones de servicios, entre los de la Agencia Tributaría. A la inmensa mayoría se les nombrará por designación directa, no por concurso. En realidad, sólo 36 plazas aparecen reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de ellas seis también serán cubiertas finalmente de manera directa.
El reparto de esos 36 puestos, de los que 24 componen la dirección burocrática, es también singular: diez tienen como destino la unidad central; 14 se distribuyen en dos unidades regionales con sedes en Madrid, para el sur, y Barcelona, para el norte; y doce son asignados para las unidades locales, referidas a nueve de las 17 comunidades: Madrid y Cataluña, con varios, y Extremadura, Andalucía, Valencia, Galicia, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con uno.
UGT y CC OO critican también la limitación del horario de atención al público, de 9.00 a 20.00 horas, que planea el Ejecutivo. Estiman que deben cubrirse las 24 horas.
Asimismo, proponen que exista una unidad regional por cada comunidad y no sólo los 14 puestos repartidos en dos unidades, con sedes en Madrid y Barcelona, en atención al criterio de las 17 comunidades.
Otra queja sindical alude a la fórmula de retribución. Según lo previsto por el Gobierno, los funcionarios cobrarán en función de las quejas de los clientes que atiendan.
