No es cosa de risa

A LA misma hora que la ministra de Justicia daba ayer por zanjada la crisis de la Audiencia Nacional, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y numerosas fiscalías territoriales se adherían al pronunciamiento de los fiscales de Sala del Supremo, que han considerado ilegal el nombramiento de Eduardo Fungairiño como jefe del ministerio público en esa Audiencia. Las explicaciones del presidente Aznar sobre su sentido del humor y sus lecciones de teoría constitucional no han apagado la irritación provocada por sus comentarios acerca del coro tremendista que ha criticado la decisión del Consejo de Ministros. Sobre todo, la comparación que hizo con el caso del fiscal Poyatos indica que Aznar no ha entendido cuál es el problema, y eso, lejos de resultar divertido, es preocupante.En el caso de Poyatos, el Consejo Fiscal dio su visto bueno a su ascenso. El Gobierno estaba habilitado, por tanto, para nombrarlo fiscal jefe de la Audiencia, aunque en un rasgo de prudencia convenció al aspirante para que retirara su candidatura. No pocas personas con mentalidad democrática y un mínimo sentido común consideraron que hubiera sido un desatinó designar para ese cargo -que debe ocuparse de los delitos de terrorismo- a una persona en cuyo currículo figura su pertenencia al siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo.

El caso de Fungairiño es diferente. El Consejo Fiscal ha rechazado su ascenso -por unanimidad-, lo que invalidaría el nombramiento, según la doctrina unánime aplicada hasta ahora. El estatuto del ministerio público establece que los ascensos serán propuestos por el fiscal general "conforme a" los informes del consejo. Por mucho que se fuerce la semántica, es evidente que esa expresión significa algo más que el "previo informe" del mismo consejo exigido en materia de nombramientos. Así se ha interpretado siempre, sin excepción, y así lo interpretó el propio fiscal general unos días antes de la decisión del Gobierno. Esa interpretación es, por otra parte, la única coherente con la lógica del sistema judicial consagrado en la Constitución, que reserva a sus órganos propios los mecanismos de promoción interna.

Hay, por tanto, bastantes posibilidades de que prosperen los recursos anunciados por las asociaciones de fiscales. Al menos tantas como tuvo en su día el que se presentó contra el nombramiento de Eligio Hernández. En lugar de ampararse con aire triunfal en ese nefasto antecedente de los socialistas, convendría que Aznar, Mariscal de Gante y el resto de su propio coro sacaran la conclusión de que, cuando se comete un error, mejor es corregirlo cuanto antes que perseverar en él.