Las asociaciones piden al Supremo que suspenda al nuevo fiscal de sala

Los dos recursos contencioso-administrativos elaborados por las asociaciones de fiscales contra la designación por el Gobierno de Eduardo Fungairiño como fiscal de sala del Tribunal Supremo piden que se suspendan las consecuencias de tal nombra miento, ya que la continuidad en el mismo podría producir perjuicios irreparables. Los recursos -ayer aún no presentados ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo- coinciden con una oleada de adhesiones, entre ellas la de Jueces para la Democracia, que pide la dimisión del fiscal del Estado.

Problemas burocráticos de última hora impidieron ayer a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) presentar su recurso, que pide la suspensión del acto administrativo impugnado -el ascenso de Fungairiño a fiscal de sala- y los efectos del mismo. Miguel Colmenero, portavoz de la AF, informó que el recurso pide la anulación del ascenso de Fungairiño por infracción del artículo 13.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que exige para tal ascenso la "conformidad", del Consejo Fiscal.Tampoco la Unión Progresista de Fiscales (UPF) interpuso ayer su recurso ni lo hará hoy, ya que pretende esmerarse en la argumentación, de modo que el Supremo vea razonable la suspensión del ascenso de Fungairiño y la consiguiente ocupación del cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Así lo explicó el portavoz de la UPF, Carlos Castresana, quien informó que el recurso insiste en que "mantener a Fungairiño como fiscal de sala puede producir perjuicios irreparables, ya que puede alterar el sentido del asesoramiento al fiscal del Estado".

Castresana indicó que "de un voto en la Junta de Fiscales de Sala puede depender una instrucción o circular que afecte a todos los fiscales de España". El recurso de la UPF invoca los antecedentes legislativos del precepto legal vulnerado, así como la permanente interpretación en el sentido de que el informe del Consejo Fiscal es vinculante para los ascensos a fiscal de sala.

"Plan meditado de control"

Jueces para la Democracia se sumó ayer a las peticiones de dimisión de Jesús Cardenal como fiscal del Estado. Afirma que "el Gobierno creó hace meses una crisis ( ... ) que ha culminado, por el momento, con una decisión de más que discutible legalidad, la promoción de un fiscal sancionado a una categoría que requiere de modo, indispensable el informe favorable del Consejo Fiscal". Atribuye tal decisión no "a la simple torpeza política, sino a un plan meditado de control directo del Ministerio Fiscal como institución del Estado".La asociación judicial progresista y minoritaria asegura que "el Gobierno está plenamente interesado en acabar con la autonomía funcional del Ministerio Fiscal", encargado de "la defensa de la legalidad y del interés público". Y advierte que, "por más contrario que el Gobierno sea a cualquier instancia de poder público no obediente, debería tener en cuenta que hay cosas que en democracia no se pueden arrasar sin grave riesgo de deslegitimación del sistema democrático en su conjunto".

La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas también pidió ayer que Cardenal "presente su dimisión" y el presidente del Gobierno destituya a la ministra de Justicia por "incompetente". Estima que la designación de Fungairiño es una medida "autoritaria, grave e ilegal".

Nuevos fiscales y colectivos de fiscales insistieron ayer en la crítica a tal nombramiento. El fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, replicó en Onda Cero al Gobierno que no es "un problema de corporativismo, porque aquí no estamos pidiendo ni más sueldos ni más medios", sino que se está "reclamando una cosa tan sencilla como que se respete el estatuto democrático del Ministerio Fiscal". En igual línea, el Fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, explicó la unanimidad de las protestas en que no hay otra interpretación posible del estatuto.

En cambio, Marcelino Murillo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, calificó de "demasiado radical" la respuesta de los fiscales al nombramiento y estimó no probable que el Supremo lo deje en suspenso, informa desde Toledo Isabel Salvador.