España quiere limitar las sanciones de Bruselas por trabas a la libre circulación

España apoya la concesión de facultades sancionadoras a la Comisión Europea para asegurar la libre circulación de mercancías, pero, según matizó ayer el embajador permanente ante la Unión Europea, Javier Elorza, restringidas a los obstáculos a la circulación de perecederos. Por la tarde, no obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, admitió que pueda aplicarse a productos no perecederos, aunque con sanciones menos graves.

La posición del embajador Elorza es la pirueta que ha tenido que hacer la representación española para conjugar dos intereses enfrentados. Por un lado, el tradicional recelo a aumentar los poderes sancionadores de la Comisión y, por otro, el deseo de la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, de que se pueda sancionar a los agricultores franceses. A ello hay que anadir el hecho, nada baladí, de que la iniciativa de la Comisión llevaba el aval del comisario español Marcelino Oreja.El propio Elorza, sin embargo, admitió que es muy difícil que esa propuesta, lanzada en primera instancia por Italia aprovechando la reforma del Tratado de Maastricht, pueda llegar a obtener el aval del resto de los socios. Italia ha tenido problemas en la exportación de sus vinos, de la misma forma que España los ha sufrido, corregidos y aumentados, en el caso de las frutas y hortalizas.

Sin embargo, el matiz incorporado ayer por España -que el jueves pasado recibió con mucha cautela la iniciativa de Marcelino Oreja y -del comisario italiano Mario Monti, porque "puede romper el actual equilibrio institucional"- pone de relieve algunas contradicciones. Elorza aseguró ayer que el Gobierno sólo apoya, de momento, que haya sanciones por los obstáculos impuestos a la libre circulación de productos perecederos, y que sigue "reflexionando" su posible extensión a otro tipo de mercancías.

Pero si efectivamente se extiende a otros productos podría darse el caso de que Bruselas sancione a España por poner obstáculos, por ejemplo, a la venta de descodificadores para la recepción de televisión digital de pago como el que el Gobierno pretende prohibir a Canal Satélite.

Al mismo tiempo, si el Gobierno español se opone a la inclusión de esos artículos no perecederos en la lista de sancionables, podría darse el caso de que tras un eventual cierre de alguna planta de producción de Renault en Francia, los trabajadores de este consorcio intentaran impedir la importación de coches de la marca fabricados en otros centros europeos, como el de FASA en Valladolid.

La representación española admitió, en todo caso, la dificultad de conseguir aprobar una normativa que se ajuste a medida a las necesidades e intereses prioritarios para España, los de la agricultura mediterránea.