La nueva mayoría

LOS PEORES augurios sobre la dirección que está tomando el Gobierno de José María Aznar quedaron confirmados ayer en la votación de la llamada ley del fútbol. El Partido Popular, gracias a los votos de Izquierda Unida, consiguió aprobar una ley confiscatoria, que expropia sin indemnización los derechos de retransmisión de fútbol por televisión con carácter retroactivo. Vulnera con ello un principio de seguridad jurídica recogido en todo Estado de derecho, la propia Constitución Española y, por supuesto, los principios y normas que rigen en la Unión Europea. Y lo hace, además, gracias a una súbita reversión de alianzas y a la aparición de una nueva mayoría conservadora y comunista, en la que el PP pierde toda traza de liberalismo y centrismo y el anguitismo aporta, incluso en forma de enmienda confiscatoria, el estatalismo más depredador.La reacción alarmada. de Convergència i Unió, de Coalición Canaria y de Iniciativa per Catalunya, y las críticas que ha suscitado entre los diputados más aperturistas de Izquierda Unida, invalida la interpretación difundida por el PP de una batalla entre intereses privados y de una supuesta instrumentalización partidista por parte de la oposición. La actitud del Grupo Popular ayer en el Congreso de los Diputados y las facilidades suministradas desde la propia presidencia del Congreso para sacar adelante la ley por encima de cualquier consideración jurídica o reglamentaria permiten concluir que el Gobierno se halla en una fuga hacia adelante que sienta un inquietante antecedente para la futura tarea parlamentaria. ¿Serán estos métodos los utilizados para aprobar el Presupuesto de 1998, que debe conducir a España a la Unión Económica y Monetaria? ¿Son éstos los métodos y las ideas que el Gobierno de España quiere aportar a su visión de Europa, del mercado único y de las libertades que lo configuran? ¿Es Anguita el socio que hará posible el cumplimiento de los criterios de Maastricht? A esta pinza contra natura se la conoce como pacto a la griega, y ya se sabe cómo terminó.

El desenfado con el que el PP está interviniendo en la vida económica de las empresas audiovisuales constituye. también un antecedente pésimo del que deberán tomar buena nota todos los ciudadanos e instituciones preocupados por la libertad de empresa, o partidos como el Nacionalista Vasco, que ha aportado el voto de sus parlamentarios atendiendo a los réditos particulares extraídos de su privilegiada relación con Aznar. Pero también deberá hacerlo cualquier ciudadano preocupado llanamente por las libertades públicas, conjunto indisociable de prácticas y principios sobre los que no es posible separar una sola sin detrimento de todas. No es ya que las libertades estén en peligro en España, sino que han empezado a sufrir una erosión bien tangible y concreta desde la votación de ayer en el Congreso.

Mención especial del caos económico que introduce la ley son las consecuencias que tiene en el ámbito deportivo. Por más que la ley declare la voluntad inconcreta de preservar la "estabilidad económica" de los clubes, la confiscación de los derechos de retransmisión produce unos efectos en cadena que afectarán a todos, desde los contratos firmados entre equipos y jugadores hasta la cesión de los derechos de los clubes a las empresas audiovisuales. Deberá decir el Gobierno cómo va a financiar estas pérdidas de ingresos o cómo lo vamos a pagar todos los españoles de nuestro bolsillo, incluso aquellos que abominan del fútbol.

El objetivo de esta ley no es dar más fútbol en abierto como se proclama, sino favorecer descaradamente a la plataforma que impulsa el Gobierno y obstaculizar a Canal Satélite Digital, que ya emite con éxito. Se pretende así obligar a esta última a negociar, tanto sobre derechos del fútbol como sobre descodificadores, en condiciones ventajosas para la plataforma gubernamental, creada a toda prisa en defensa de intereses particulares y antidemocráticos. La posición de la Comisión Europea, que ayer recibió a representantes de las dos plataformas y avaló la legalidad de los, descodificadores prohibidos por el Gobierno, descalifica de nuevo la actitud intervencionista del PP y sus intentos de poner barreras a la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior europeo.

La enorme inversión de esfuerzos políticos desplegados por el Gobierno para dictar normas al mercado audiovisual y conceder a sus amigos la titularidad de las empresas responde a una visión autoritaria de la sociedad que sólo encuentra emulación en el autoritarismo de su nuevo socio de mayoría parlamentaria, IU, con el que ha formado la pinza, abusando así del pacto de investidura que posibilitó CiU. Una maniobra de esta catadura no puede llegar a feliz término sin que la confianza mutua se quiebre seriamente y sin que la propia confianza internacional quede también afectada.