El Gobierno pidió en vano clemencia para el español condenado a muerte en EE UU

El Gobierno español pidió la pasada semana al juez norteamericano Rogers Padgett clemencia para Joaquín José Martínez, el español declarado culpable del asesinato de una pareja en Tampa (Florida). Pero la gestión de Miguel Díaz Pache, cónsul español en Miami, fue en vano. Padgett terminó firmando la sentencia que condena a Martínez a morir en la silla eléctrica. Martínez, inscrito con toda regularidad como ciudadano español en el registro del consulado de Miami, se declaró inocente durante el juicio.

El pasado viernes, día 23, Miguel Díaz Pache viajó de Miami a Tampa para entregarle al juez Rogers Padgett un escrito en el que el Gobierno español le solicitaba clemencia para Joaquín José Martínez. Entre los motivos aducidos figuraba que el doble asesinato que se le imputa fue un acto sin relación con su personalidad habitual, que todos sus familiares.y amigos coinciden en describir como la de un buen hijo, un buen padre, una persona trabajadora, con sentimientos religiosos católicos y sin antecedentes criminales.En el momento en que el consul hacía la solicitud, un jurado de Tampa ya había recomendado, por nueve votos a favor y tres en contra, la pena capital para Martínez, pero Padgett aún no había ratificado esa decisión. Sin embargo, el juez aceptó el martes día 27 la petición del jurado y condenó a Martínez a la ejecución en la silla eléctrica por el asesinato, en octubre de 1995, de Sherry McCoy Ward.

Padgett estimó que el reiterado apuñalamiento por la espalda de esa mujer fue "particularmente odioso, atroz y cruel". El juez también condenó al español a cadena perpetua por la muerte a tiros de Douglas Ray Lawson, novio de Ward.

Una disputa por un dinero que Lawson debía a Martínez fue el origen del suceso.

Este periódico ha podido saber que la principal prueba incriminatoria contra Martínez fue aportada durante la vista por su ex mujer, de la que no ha trascendido la identidad.

Dos cadenas perpetuas

La diplomacia española, que efectuó sus gestiones a favor de Martínez en el mayor secreto, sugirió al juez que no dictara la pena de muerte y le condenara en el peor de los casos a dos condenas a perpetuidad consecutivas, lo que, en el ordenamiento norteamericano, implica un mínimo de 50 años de reclusión.Exteriores informó ayer que el ministro, Abel Matutes, está "siguiendo muy de cerca" el caso de Martínez. Fuentes del ministerio dijeron ayer a Servimedia que, si las gestiones realizadas hasta ahora no dieran resultado, el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, hablaría con su homólogo norteamericano Bill Clinton. No obstante, en ocasiones anteriores, ni la intervención del papa Juan Pablo II evitó el cumplimiento de una sentencia a muerte.

Martínez, nacido en Guayaquil (Ecuador) en 1971, es hijo de un español y una ecuatoriana y ha sido siempre muy puntilloso en la conservación de su nacionalidad española. En la actualidad, estaba regularmente inscrito como español en el consulado de Miami y renovaba sus pasaportes con puntualidad. Pero su obsesión y la de su familia por conservar los vínculos con España venía de mucho antes. Ya en 1983, cuando sólo tenía 12 años, fue inscrito por su padre, José Joaquín Sánchez, en la Embajada de Quito (Ecuador). Unos años más tarde, en 1987, el ahora condenado quedó registrado como español en el consulado de Nueva York y en 1993 en el de Miami.

No obstante, su familia no avisó inmediatamente a las autoridades españolas de su detención, a cargo de agentes del sheriff del condado de Hillsborough, en la bahía de Tampa. Sólo cuando las cosas empezaron a ponerse muy feas, el padre del detenido reclamó la atención consular española.

En la fecha del doble asesinato, Martínez, divorciado y con dos hijos, trabajaba como empleado de una compañía telefónica de las que operan en Florida. Fuentes diplomáticas españolas han confirmado que lo hacía legalmente y que tenla en orden su tarjeta de residente. Antes de instalarse en Florida había pasado muchos años en Nueva York con sus padres.

Martínez es el único español de los 3.200 personas que esperan la ejecución en los denominados corredores de la muerte de las prisiones norteamericanas, 400 de ellas en Florida, un Estado que emplea la silla eléctrica. En los próximos días los alguaciles lo trasladarán desde la cárcel de Tampa a la prisión estatal, situada en Raiford, donde se encuentran el corredor de la muerte y la silla eléctrica.