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El Congreso de los Diputados quiere opinar sobre la "idoneidad" de los futuros candidatos a fiscal del Estado

El Congreso de los Diputados quiere expresar su opinión sobre la "idoneidad" de los futuros candidatos a fiscal general del Estado, y así lo pidió ayer al Gobierno al aprobar una moción presentada por Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, que se opuso al no ser aceptada su enmienda alternativa. La votación final arrojó 185 votos a favor del texto consensuado y 138 en contra, del Grupo Socialista.Pablo Castellano, en nombre de Izquierda Unida-IC, defendió una moción, tras la interpelación de la semana pasada, sobre la política del Gobierno para garantizar la imparcialidad del ministerio fiscal. Se trata, en palabras del propio Pablo Castellano, "de modestas aportaciones para que el Gobierno las tenga en cuenta cuando remita al Congreso de los Diputados la prometida reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal".

Izquierda Unida quería que el proyecto del Gobierno fijase el nombramiento de fiscal general una vez que el candidato obtuviese "la confianza del Congreso de los Diputados", pero tuvo que conformarse con algo un poco más diluido, como una enmienda de CiU en la que se pide al Gobierno que-el candidato propuesto por el Gobierno para ser nombrado fiscal general del Estado por el Rey comparezca -tras ser oído el Consejo General del Poder Judicial- ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, para que los grupos parlamentarios puedan tener un conocimiento de sus méritos y trayectoria profesional que les permita expresarse sobre la idoneidad para desempeñar el cargo".

Manuel Silva, en nombre de CiU, reconoció que los problemas del ministerio fiscal están siendo "objeto de tratamiento privilegiado" en el Congreso, pero se felicitó de la iniciativa y votó a favor del texto Final consensuado entre IU, CiU y el PP.

IU quería también que el mandato del fiscal general tuviese una duración de cinco años pero aceptó la petición del PP, según la cual se pide al Gobierno que el Estatuto del Ministerio Fiscal fije "para el mandato del fiscal general del Estado un periodo de años determinado, dentro del cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas regladas".

La memoria anual

La moción aprobada pide al Gobierno que el fiscal del Estado remita "la memoria anual de la Fiscalía a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para su examen, debate y, en su caso, formulación de propuestas de resolución". Por fin un último punto de la moción aprobada solicita que los Presupuestos Generales del Estado contemplen "partidas presupuestarias específicas para atender las necesidades funcionales del ministerio fiscal, previamente evaluadas por el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal".Andrés Ollero, en nombre del Grupo Popular, advirtió sobre los perfiles que la propia Constitución dibuja para el ministerio fiscal y atacó las posturas socialistas en este tema.

El portavoz de IU-IC, Castellano, no se mostró entusiasmado con su intervención y le advirtió que si en lugar de una moción se hubiese tratado de una proposición no de ley, su grupo no hubiese aceptado ninguna de las enmiendas del Grupo Popular, aunque en aras de la concordia flexibilizó su postura para que el Gobierno "remita cuanto antes el proyecto" de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, "no vaya a ser", apostilló, "que cambien de opinión".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de mayo de 1997