La Guardia Civil también indagó en Valencia sobre los manifestantes contra la política educativa

"Esto no había pasado nunca desde la muerte de Franco", asegura el portavoz socialista en la comisión parlamentaria de Educación, Joan Romero. Este pedirá explicaciones al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sobre la investigación de la Guardia Civil en escuelas de Cáceres sobre los profesores que pensaban ir a Madrid el pasado 17 para manifestarse contra la política educativa. Ayer se supo que la Guardia Civil también indagó en Nalencia el número y la procedencia de los que asistirían a la marcha y, en algún caso, para qué iban a este acto, según Empar Colomer, presidenta de la coordinadora comarcal de asociaciones de padres de Albaida. Romero tiene indicios de que algo similar ocurrió en Castilla-La Mancha y Baleares.

La Guardia Civil no sólo captó información en Cáceres sobre cuántas personas pensaban acudir a la manifestación de Madrid contra la política educativa del Gobierno, según sospecha la oposición. Ayer se supo que el instituto armado también investigó en Valencia el número y la procedencia de los padres y profesores que iban a asistir al acto.En la víspera de la concentración, guardias civiles se dirigieron al presidente de una asociación de padres de Albaida (Valencia) para preguntar cuántos autobuses iban a salir del municipio, a qué empresa pertenecían, desde dónde partirían y para qué iban a la manifestación, según Empar Colomer, responsable de la coordinadora comarcal de asociaciones de padres. El presidente de la asociación comentó a los agentes las motivaciones de la protesta -de hecho, se habían repartido folletos explicativos en el municipio- y también les informó sobre otros aspectos.

Horas después, sobre las 22.30, un miembro de la Guardia Civil telefoneó a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de la provincia de Valencia y requirió la misma información, a excepción de las motivaciones de la protesta. Sorprendido por las preguntas, el responsable de la FAPA pensó que se trataba de un padre interesado en ir a la Marcha de Madrid, según comentó ayer un representante de la federación. Por eso, instó al comunicante a que se dirigiera a la asociación de Albaida. Sin embargo, el agente deshizo el equívoco e insistió en que llamaba en nombre de "la Guardia Civil de Albaida". La FAPA rechazó, entonces, darle información.

Vicent Mauri, portavoz del sindicato STE-PV en Valencia, calificó la acción de la Guardia civil de "coacción" y recordó que a finales del pasado año, los sindicatos ya denunciaron que el instituto armado había investigado cuántos y quiénes participaron en las dos jornadas de manifestación de empleados de la función pública contra el recorte presupuestario. "Sucedió, sobre todo, en poblaciones rurales", agregó Mauri.

El diputado valenciano Joan Romero, portavoz de Educación del PSOE, considera "intolerable que la Guardia Civil haya hecho una investigación en toda regla sobre profesores desafectos" y cree que "el ministro debe destituir hoy mismo a los responsables, sean quienes sean". En su opinión, 1a Guardia Civil ha tratado a los docentes como si fueran delincuentes" cuando lo único que pretendían era "ejercer un derecho constitucional".

Jefe accidental

El incidente confirmado el sábado se produjo en Cáceres, donde el jefe accidental de la 132 Comandancia, José Antonio Hurtado, ordenó el pasado día 13 que las seis compañías de su demarcación hicieran indagaciones "para conocer el número de vehículos y personas que puedan desplazarse a Madrid" para asistir a la manifestación en defensa de la enseñanza pública. El secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, opina que el comandante pudo incurrir en un "exceso de celo".Willy Meyer, diputado de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia e Interior, juzga "anticonstitucional y absolutamente inadmisible" que un mando policial dé instrucciones para conseguir información de los que acuden a una manifestación.

"La Guardia Civil no está para eso, sino para investigar, combatir y prevenir la delincuencia", argumentó Meyer, quien pide el cese del comandante Hurtado. A la vez solicita que la Dirección General de la Guardia Civil dicte "instrucciones claras" a todas sus unidades para que no realicen indagaciones sobre actividades constitucionales, como la libertad de expresión , manifestación y reunión.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, considera que "se ha sacado de quicio" este asunto, del que asegura que se ha enterado por la prensa. "Ningún cargo político del Ministerio del Interior dio orden de que se hiciera esto, puesto que carece de interés político. Desde luego, no hay ninguna instrucción mía en este sentido", dijo López Valdivielso, quien promete aclarar el tema.

El máximo responsable del instituto armado considera que este tipo de actuación es algo que "las fuerzas de seguridad hacen con regularidad cada vez que va a haber una manifestación o un acto multitudinario, a efectos de planificar el tráfico y posibles concentraciones de vehículos", y asegura que así se hace al menos desde 1991.

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Javier Barrero, entiende que esta actuación de la Guardia Civil "no es sino un síntoma más del abuso de poder que se está dando en España" con el PP. "No había comandantes, durante los gobiernos socialistas, que se permitieran el lujo de tomar este tipo de decisiones", añadió.