La Junta y las cajas de Castilla y León bloquean la fusión Ebro-Azucarera

La proyectada fusión entre las dos primeras empresas azucareras españolas, Ebro y General Azucarera, se encuentra paralizada y sin que los consejos de las dos sociedades avancen en el calendario previsto, según fuentes próximas a las empresas. El motivo es la tensión generada por las primeras valoraciones de ambas compañías, que otorgan una participación mayoritaria en la futura sociedad a accionistas extranjeros (24% para el grupo Torras-KIO y 21% para la francesa Générale Sucrière).Este hecho, para la Junta de Castilla y León y para las cajas castellanas, es inaceptable. Además de esas participaciones, durante los últimos días han circulado intensos rumores apuntando que Générale Sucrière está comprando acciones de Ebro en la Bolsa. El otro accionista extranjero presente en la operación es el grupo británico Tate and Life, que posee un 6% de Azucarera, si bien tras la fusión ese paquete quedaría reducido a poco más del 2%.

Portavoces del consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Valín, confirmaron ayer su oposición "a cualquier fusión que no asegure la mayoría de capital español de la futura empresa". La postura de la Administración castellanoleonesa obedece al temor a un posible pacto de Générale Sucrière para la compra del paquete de KIO, lo que le otorgaría la mayoría del capital. A pesar de ello, KIO anunció en enero pasado su deseo de no vender su paquete y continuar como accionista de referencia en la empresa resultante.

Las reticencias de la Junta, que preside Juan José Lucas, del PP, son compartidas por la Caja de Salamanca -propietaria del 24% del capital de Azucarera, y, junto con Caja España, del 5% de Ebro- y algunos gestores de Azucarera, que se apoyan en la sensibilidad de más de 25.000 familias que dependen en la región del cultivo de remolacha.

El acuerdo de fusión fue aprobado por las dos empresas el 20 de diciembre pasado, pero apenas 15 días después el Banco Santander vendió su paquete en General Azucarera (14%) a Générale Sucriére, que alcanzaba así el 20,7% del capital de la empresa.

Como respuesta a ese movimiento, los representantes de las dos entidades financieras castellanas consiguieron, con el apoyo de consejeros de la empresa, que el consejo de Azucarera aprobara una resolución defendiendo su "carácter nacional".

También intentaron lo propio en la junta que Ebro celebró en Barcelona, ante la perplejidad de varios centenares de pequeños accionistas presentes en la sala. En la capital catalana los inversores conviven desde hace años con el hecho de que el principal accionista de Ebro es el grupo árabe KIO, con un 34%, sin que esto haya generado polémica alguna.

Lucha por la sede

La siguiente batalla se centró en la elección de la sede social de la futura empresa fusionada, Barcelona, Madrid o Valladolid. El debate sobre este tema, que según algunas fuentes se activó por motivaciones políticas, llevó al presidente de Ebro, Manuel Guasch, y a los sindicatos, a pedir la intervención del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.Éste último apoya la permanencia de la actual sede de Ebro en Barcelona y, a instancias del sindicato mayoritario en Ebro, CC OO, ha dirigido una carta en ese sentido al ministro de Economía.

Mientras tanto, los ejecutivos de Ebro lanzaron una propuesta que intentaba ser de consenso, pero que no dejaba de levantar suspicacias: sede social en Barcelona, sede fiscal en Valladolid. Este debate ha quedado superado por la parálisis de la fusión.