PP y PSOE apoyan reformas opuestas de la ley del suelo en sus comunidades

La reforma de la legislación del suelo ha emprendido dos trayectorias distintas. Una, impulsada por el PP en las comunidades que controla. Otra, diseñada por el PSOE en las regiones en las que tiene mayoría, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Los populares defienden que la cesión de terreno a los ayuntamientos en cada proyecto sea del 10% y que la potestad de urbanizar sea del propietario.

Los socialistas pretenden que la cesión sea del 15% y que el derecho a urbanizar prevalezca sobre el de la propiedad. Euskadi ha optado también por la cesión del 15%.La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desbarató la legislación sobre el suelo y puso en manos de las comunidades autónomas su futuro desarrollo ha abierto un nuevo campo de enfrentamiento entre el partido en el Gobierno y la primera formación política de la oposición.

El Partido Popular está tramitando o intentando hacerlo, según los casos, una norma de urgencia que cubra el vacío legal creado con la sentencia del Alto Tribunal. El PP quiere que la cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos sea de un 10% y que se elimine la distinción entre suelo urbanizable programado (cuyo desarrollo está previsto en un plazo de entre cuatro y ocho años) y no programado (recogido en planes de desarrollo urbanísticos, pero sin plazo), con lo cual todo pasaría a tener la calificación de urbanizable, según fuentes del partido que preside José María Aznar.

El esquema de reforma de la legislación del suelo del PP se completaría con un mayor poder para el propietario, que sería el único con potestad para urbanizar. Este extremo podría incluirse en el proyecto que prepara el Ministerio de Fomento, dado que es uno de los escasos asuntos en los que el Constitucional le ha dejado margen de maniobra.

Planteamiento distinto

El borrador de este texto podría ser analizado esta semana por la comisión de subsecretarios. Su paso al Consejo de Ministros parece inminente. "Antes de que finalice el presente mes de mayo", calculan en el Ministerio de Fomento, cuyo titular es Rafael Arias Salgado.El planteamiento del PSOE es radicalmente distinto. Su intención es recuperar las leyes del 90 y el 92 que fueron rechazadas por el Constitucional. ¿Cómo? "Haciendo que las comunidades las incorporen individualmente como suyas, puesto que la base de la sentencia del Tribunal Constitucional no descalifica las medidas contenidas en la anterior legislación, sino el hecho de que las tome la Administración central", explican fuentes socialistas.

Eso supone que las comunidades controladas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) están elaborando a toda marcha una norma en la que se especifica que la cesión obligatoria debe ser del 15% del terreno a edificar y se mantiene la distinción entre suelo programado y no programado.

El partido socialista apoyará que el derecho a urbanizar, siempre tutelado por la Administración, prevalezca sobre el de la propiedad. Y para ello apoya una figura del agente urbanizador, desarrollada, paradójicamente, por una comunidad en la que el control político es del PP, la valenciana.

El agente urbanizador es, en la mayoría de las ocasiones, privado, pero seleccionado a través de un concurso vigilado por la Administración. Este planteamiento del consejero de Obras Públicas valenciano, Luis Fernando Cartagena, ha abierto una brecha en los debates internos que el PP está desarrollando para afinar su modelo definitivo sobre el suelo.

El PNV -que se encuentra en una situación complicada, dado que apoya al Gobierno central, pero que se apoya en el PSOE y Eusko Alkartasuna en el País Vasco- se ha decantado en Euskadi por apoyar la tesis socialista de la cesión del 15%. Cataluña tiene una ley propia desde 1990.