Damborenea afirma ante la prensa que González amparo y estimuló a los GAL, pero lo calla ante el juez

Ricardo García Damborenea, ex secretario de los socialistas de Vizcaya y actualmente en posiciones próximas al PP, insistió ayer ante los periodistas en que Felipe González amparó y estimuló, las acciones de los GAL, tal y como ya declaró el 20 de julio de 1995. La novedad, según los abogados que asistieron a su declaración ante el juez Baltasar Garzón, dentro del caso Oñederra, es que en sus manifestaciones judiciales Damborenea no formuló ayer ninguna acusación directa contra González, sino que ratificó de forma genérica la declaración que había realizado ante el mismo juez en julio de 1995 en el caso Marey.

A preguntas directas, Damborenea confirmó que se había entrevistado con el ex presidente del Gobierno antes y después de que se iniciasen las actividades de los GAL, y en esas reuniones González no mostró ni extrañeza ni indignación por los atentados, ni tampoco expresó su deseo de que cesasen las acciones.

El político vasco, al acabar su declaración ante el juez, dijo a los periodistas en relación con la guerra sucia contra ETA: "Esto fue una iniciativa del Gobierno, al frente del cual había un presidente que amparó y estimuló esa iniciativa y se llevaron a cabo unas acciones bajo las órdenes directas del presidente del Gobierno. No estoy acusando a nadie, estoy simplemente diciendo la verdad".

Acta de los GAL

Tanto García Damborenea como el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal reconocieron, a requerimiento de Garzón, una copia del documento del Cesid que se conoce como acta fundacional de los GAL, una de cuyas copias entregó Damborenea al juez en 1995. Sancristóbal explicó que había conocido el documento porque se lo enseñó el entonces jefe del Cesid en el País Vasco, el coronel Jesús Manuel Diego de Somonte, ya fallecido, como una evaluación realizada por el Cesid sobre las posibilidades de intervención en el sur de Francia.

Damborenea y Sancristóbal se refirieron en sus respectivas declaraciones a una reunión que, según dijeron, se celebró en un chalé del ICONA en la localidad madrileña de Guadarrama en la primavera de 1983. La cita fue convocada por el ministro del Interior, José Barrionuevo, y los altos cargos de Interior, y en ella participaron los delegados del Gobierno y gobernadores civiles del País Vasco, así como dirigentes autonómicos y provinciales del PSOE de Euskadi.

La reunión, según Damborenea y Sancristóbal, duró dos días y tuvo como objetivo estudiar la respuesta que había que dar al fenómeno terrorista, que estaba poniendo al Gobierno contra las cuerdas. Sancristóbal señaló que en la reunión se habló de perseguir a los terroristas en caliente al otro lado de la frontera, pero que no se perfilaron operaciones concretas, entre otras cosas porque debido a lo heterogéneo de los asistentes era muy difícil poder hacerlo. Sancristóbal afirmó que no le constaba que se hubiera informado a González de las conclusiones de la reunión.

A la cita acudieron, según Damborenea, Rafael Vera, que era director de la Seguridad del Estado; Ramón Jáuregui, entonces delegado del Gobierno en el País Vasco; los gobernadores de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, Julen Elgorriaga, Julián Sancristóbal y Jesús García Villoslada; el secretario general del PSE-PSOE, José María Benegas, y los secretarios provinciales en las tres provincias, Enrique Casas (Guipúzcoa), Ángel Gavilán (Álava) y el propio Damborenea (Vizcaya).

El político vasco declaró que los asistentes concluyeron por, unanimidad que era conveniente actuar contra ETA en el santuario francés, si era posible con la colaboración de los franceses, pero si no podía ser, sin ella. Había que detener a los terroristas y ponerlos a disposición de la justicia española.