Amiguismo, negligencia o nada en absoluto

A más de un mes de su constitución, la comisión del Congreso que investiga los expedientes de Hacienda sobre la presunta amnistía fiscal en la etapa socialista está a punto de poder llegar a alguna conclusión. Esta semana recibirá del Ministerio de Economía y Hacienda la información que la mayoría de los grupos (PSOE, IU-IC y PNV) considera esencial para determinar si hubo amiguismo como máximo, negligencia como mínimo o nada en absoluto.Hacienda se ha comprometido a enviar hoy, martes, los 40 expedientes de más de 1.000 millones de pesetas tramitados en Madrid y Barcelona (Oficina Nacional de Inspección) y en las delegaciones, de ambas ciudades. No estará el nombre de los titulares, pero se podrá saber si la paralización por más de seis meses en la inspección fue intencionada o tuvo justificación.

Éste es el aspecto clave de la polémica. Si la inspección se paralizó de forma injustificada en la fase final del proceso, la deuda podría prescribir. Para medir ese plazo se tiene en cuenta el tiempo desde que el inspeccionado presenta las alegaciones al acta levantada hasta que el inspector jefe le notifica la deuda.

No obstante, habría que saber si el inspector jefe ha ampliado el plazo de actuaciones, aspecto que la documentación enviada hasta ahora por Hacienda no recoge, como tampoco si los expedientes tramitados después de diciembre de 1994 están afectados por la Ley General Tributaria aprobada en julio de 1995, circunstancia que ampliaría el plazo de seis meses en lo referente a las sanciones.

Aunque, teóricamente, los nombres son secretos, han aparecido algunos:

> Lladró. El expediente, el primero en salir a la luz, está compuesto por dos sociedades, Deygesa y Comercial Ordal, y cinco personas físicas, los tres hermanos Lladró y los cónyuges de dos. La inspección duró más de tres años (1990-1993). Incluso se pidió información a Alemania para verificar aspectos de la contabilidad de esas empresas, documentación que tardó tres años en llegar.- Finalmente, la deuda alcanzó 1.167 millones de pesetas en el IRPF, 402 en el impuesto de sociedades y 267 en el de lujo. Las actas y las alegaciones fueron remitidas al delegado especial de Valencia el 12 de agosto de 1993. El inspector jefe solicitó un informe al servicio jurídico de Hacienda y lo obtuvo el 30 de septiembre de 1993. El inspector regional liquidó el expediente el 2 de febrero de 1994 y lo notificó el día 7. La conclusión es que si se pasaron los seis meses fue por muy pocos días. Este expediente fue aireado como exponente del amiguismo del PSOE. Sin embargo, en la prensa local se atribuye a los Lladró vinculaciones distintas. También se señaló que el inspector regional, Alfredo Pérez Lodares, fue ascendido a delegado especial dé Castilla-La Mancha por el Gobierno del PP. Otras fuentes indican, sin embargo, que existieron fuertes presiones de los empresarios de Valencia para el traslado de Pérez Lodares por ser muy incómodo, dada su eficacia contra el fraude y sus métodos innovadores. El PP optó por llevarle a una comunidad socialista.

> La Caixa. Se ha considerado como el máximo exponente del amiguismo del PSOE. La acusación del PP se centra en que un solo inspector la perdonó en 1994 una sanción de 21.860 millones por el presunto fraude de las primas únicas. La realidad es otra. La prueba es que el ministro de Hacienda de entonces, Pedro Solbes, acudió al Parlamento el 13 de diciembre de ese año para explicar las actuaciones llevadas a cabo. El representante del PP instó al Gobierno a llegar a un acuerdo con las entidades financieras que también comercializaron el producto. "Estamos hablando de un problema de interpretación, no de fraude fiscal", argumentó. Las actas se finalizaron en enero de 1992 y hasta el 28 de octubre de 1994 no se notificó a la entidad la liquidación de una deuda de 39.033 millones. La comisión de investigación deberá determinar si ese tiempo está o no justificado.> Huarte. Otro de los expedientes que con mayor escándalo ha sido aireado por las conexiones de la empresa con el caso Roldán. Pese a incluirse en el capítulo de los beneficiados por una deuda prescrita, 399 millones, la realidad también es distinta. Ahora está en manos de los tribunales ordinarios por apreciar Hacienda indicios de delito fiscal. Éste es el motivo de que no aparezca como notificado. No está, por tanto, dentro de los plazos de inspección y prescripción exigidos en la vía administrativa.

> Ivima. Una empresa pública gestionada en su día por el representante del PSOE en la comisión, Joaquín Leguina. Se trata de una deuda de 3.858 millones por el IVA. Leguina sostiene, en contra del PP, que las empresas públicas no están sujetas a ese impuesto.